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El Puerto

Urbanismo requiere actuación inmediata en una finca de Postigo

El inmueble, propiedad de la inmobiliaria de una entidad bancaria, presenta graves riegos de desprendimiento

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  • Finca calle Postigo, 37 -

El Ayuntamiento de El Puerto, a través del área de Urbanismo, continúa la tarea de inspeccionar y velar por el estado de las fincas e inmuebles del casco antiguo.

En esta ocasión el teniente de alcalde delegado de Urbanismo y Patrimonio, Ángel Quintana, a través de un decreto, ha requerido a la propiedad de la finca número 37 de la calle Postigo “una intervención urgente, en el plazo de 15 días, para reparar y resanar la fachada del inmueble y la adopción de medidas que garanticen además la estabilidad de la finca ante el riesgo de desplome que presenta”.

La finca, propiedad de la filial inmobiliaria de una entidad bancaria, se encuentra cerrada, deshabitada y en total estado de abandono según han podido comprobar los agentes de la Policía Local adscritos al Servicio de Disciplina Urbanística. Además, según la inspección desde el exterior del inmueble se puede comprobar la existencia de grietas, desprendimientos del enfoscado de la fachada ya la caída de una parte de la cubierta.

El último reconocimiento técnico se realizó el pasado 4 de enero, “comprobándose el elevado deterioro que sufre la finca, con los elementos metálicos de la fechada muy oxidados y manchas de humedad que ponen en riesgo la estabilidad del inmueble”, según el concejal Ángel Quintana.

Cabe recordar que según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo (MVPS) el Ayuntamiento podría imponer hasta 10 multas coercitivas, con periodicidad mensual, si la propiedad incumpliera de forma injustificada los requerimientos de Urbanismo. Conforme a la normativa Urbanismo también tendría potestad, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, para iniciar el proceso de expropiación del inmueble.

En el caso de actuar de forma subsidiaria, acción prevista en la normativa vigente, el valor aproximado de los trabajos asciende a 26.680 euros.

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