Un juez de San Francisco (California) propinó hoy un nuevo revés al presidente de EEUU, Donald Trump, al bloquear la orden ejecutiva destinada a negar fondos a las "ciudades santuario", aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a inmigrantes.
El fallo del juez William Orrick de la corte del distrito norte de California, en San Francisco, supone un nuevo revés para el Gobierno de Trump, aunque no es definitivo y el Departamento de Justicia podría recurrirlo ante el tribunal de apelaciones del distrito noveno, instancia inmediatamente inferior al Supremo.
El tribunal de apelaciones del distrito noveno ya falló contra otro decreto de Trump con el que el Gobierno quería prohibir la entrada a Estados Unidos de refugiados y nacionales de seis países musulmanes, una medida que permanece bloqueada en las cortes.
En su decisión, a la que accedió Efe, el magistrado Orrick determina que la orden ejecutiva que proclamó Trump en su primera semana en el poder, el 25 de enero, viola la Constitución porque el Congreso es el encargado de aprobar el presupuesto y el presidente no tiene el poder de arrebatar fondos a las entidades locales.
En ese sentido, el juez Orrick, nombrado por el expresidente Barack Obama en 2012, determina que la orden ejecutiva de Trump viola la Constitución porque trata de "privar a las jurisdicciones locales de fondos asignados por el Congreso sin ningún tipo de aviso ni oportunidad para ser escuchadas".
"La Constitución confiere los poderes de gasto al Congreso, no al presidente. La orden no puede poner nuevas condiciones a la recepción de fondos federales", añade.
De esa forma, el juez determina que Trump, de ninguna forma, puede privar a las ciudades de fondos que no fueron asignados para su colaboración con el Gobierno en la deportación de inmigrantes.
La ciudad de San Francisco y su condado de Santa Clara, que incluye a la ciudad de San José y a Silicon Valley, habían demandado al Gobierno de Trump por considerar que la orden ejecutiva del presidente causa un daño "irreparable" al pueblo estadounidense y al "tejido mismo" de su Gobierno.
Las ciudades argumentan que la orden de Trump amenaza miles de millones de dólares de su presupuesto y les hace casi imposible planificar en qué gastar sus fondos.
El condado de Santa Clara, por ejemplo, argumentó que el 35 % de su presupuesto anual depende de los fondos del Gobierno federal, que le otorga 1.700 millones de dólares al año, por lo que la orden de Trump le impide planificar en qué gastar los millones de dólares que recibe cada día.
En respuesta a los argumentos de las ciudades, el juez Orrick reconoció que las entidades pueden sufrir un daño "irreparable" y, por ello, bloqueó la medida de manera temporal mientras estudia el fondo de su contenido para poder emitir un fallo definitivo.
El bloqueo se produce a nivel nacional y afecta a todas las "ciudades santuario", es decir, a las alrededor de 200 entidades locales que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición demócrata, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
En su orden, el magistrado cita comentarios de Trump, quien llegó a decir que su orden ejecutiva era un "arma" contra aquellos que estaban en desacuerdo con su política migratoria.
En ese sentido, el juez determinó que Trump no tiene poder para quitar fondos federales a las "ciudades santuario" solo "porque una jurisdicción elige una estrategia para hacer cumplir la ley que el presidente rechaza".
La orden, sin embargo, no impide al Gobierno identificar a ciertas localidades como "santuario" y tampoco le prohíbe poner nuevas condiciones para distribuir el presupuesto de sus propios departamentos, algo que ya amenazó con hacer el Departamento de Justicia con los fondos que tiene para ayudar a las policías locales.
Trump había amenazado con recortar fondos federales a las "ciudades santuario", pero no había ejecutado aún esa medida.
No obstante, el Gobierno había dado varios ultimátum a las "ciudades santuario" para obligarles a informar a los agentes federales del estatus migratorio de las personas que detienen con el fin de facilitar la deportación de aquellos inmigrantes que viven de manera irregular en EEUU o que han comedido algún crimen.
El último ultimátum se produjo el viernes pasado, cuando el Departamento de Justicia amenazó con recortar fondos a nueve jurisdicciones si, antes del 30 de junio, no entregaban documentación para demostrar que estaban colaborando con las autoridades federales para facilitar la expulsión de inmigrantes.
