La Fiscalía de Granada pide una pena de seis años de prisión para un hombre de 61 años por supuestamente estafar a una mujer a la que vendió un piso en un edificio en Motril que no llegó a construir, "de común acuerdo" con otro acusado, de 68 años, para el que el fiscal solicita tres años de prisión.
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 23 de enero de 2006, cuando el acusado de 61 años, que es reincidente, firmó como representante de una sociedad limitada un contrato de compraventa con la querellante en virtud del cual "se obligaba a entregar a ésta una vivienda en la segunda planta del edificio que a tal efecto el acusado construiría" en Motril.
El precio pactado fue de 109.324 euros y, como señal, la denunciante entregó como reserva de la vivienda 3.005 euros y, posteriormente, el día de la firma del contrato, otros 6.010 euros. Se estableció como plazo para la entrega de la vivienda el mes de enero de 2007, si bien la "intención" de este acusado "no era la de construir un edificio de viviendas, sino la de crear esa apariencia y así obtener un dinero fácil de posibles compradores como la querellante", relata el fiscal.
Para ello actuaba, siempre según el relato del fiscal, "de común acuerdo con el otro acusado", de 68 años, quien, en nombre de otra mercantil, "era el encargado de vender la supuesta promoción de viviendas, y quien recibió de la querellante durante todo el año 2006 un total de 14.223 euros en concepto de comisiones de venta, reserva de piso y subrogación del contrato, cuando sabía que el edificio no se iba a construir".
El edificio no se construyó y las cantidades no le fueron devueltas a la querellante, finaliza su relato de los hechos el fiscal que considera autores de un supuesto delito de estafa a ambos acusados pidiendo seis años de prisión para el reincidente, que habría de pagar una multa de 7.200 euros en caso de resultar condenado conforme a esta petición fiscal; y tres años al otro acusado que se enfrenta también a la solicitud del abono de una multa de 3.000 euros.
Está previsto que el caso sea juzgado el próximo 10 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.
