El grupo popular en el Ayuntamiento de San Fernando ha presentado las alegaciones a la modificación de las ordenanzas fiscales planteadas por el gobierno municipal para 2018. El concejal del PP, Manuel Raposo, informó que se han registrado tres escritos en los que se incluyen las propuestas de su partido al documento que la próxima semana llevará a pleno extraordinario el ejecutivo de PSOE y Andalucistas.
La primera de estas enmiendas incide en la ordenanza de la Feria del Carmen y de la Sal. Según la propuesta de PSOE-Andalucistas, el coste de la tasa para los caseteros en el montaje de la feria isleña sería el valor medio del precio de licitación de los tres últimos años ante lo que el PP entiende que tendría que ser el de menor coste entre el adjudicatario y la media de los tres últimos años. “Es decir –explicaba Raposo- que si para el próximo año el precio de adjudicación es 10 y el valor medio del último trienio es 9, pues que aplique el coste menor entre ambos valores, esto es, el de 9”. De esta forma se garantizaría “que no exista enriquecimiento injusto de la administración”.
Además, muchas de las entidades locales que montan caseta en la feria isleña reclaman la ayuda del Ayuntamiento ya que el precio que vienen pagando por la instalación es muy elevado. “Vemos como cada vez es menor el número de casetas en nuestra feria, y que asociaciones, peñas y hermandades han optado por no montar debido a los altos costes que ello les supone, máxime al ser entidades sin ánimo de lucro. Por ello, desde el PP pedimos al gobierno municipal que cree una subvención con un partida específica en los presupuestos que ayude a estas entidades a montar las casetas. No queremos que se les bonifique la instalación, sino que se les ayude en base a una convocatoria de subvención”.
Plusvalía, IBI e ICIO
En la ordenanza de plusvalía, el PP pide que se recupere la bonificación existente bajo el mandato de José Loaiza y que alcanzaba el 90 por ciento del total de la tasa por la sucesión ‘mortis causa’, esto es, cuando una persona fallece y deja en herencia, habitualmente, a su pareja o descendientes la vivienda habitual. “Creemos que se puede bonificar hasta el 95 por ciento y no someterlo a la escala actual que termina por no superar el 25 por ciento de bonificación, en el mayor número de casos”, afirma.
Respecto a la ordenanza del IBI, Raposo recordó que ya el PP, ante el incremento del valor catastral derivado de la revisión del mismo por parte de la Agencia Tributaria, empezó a compensar este impuesto con una reducción de cuota del mismo tipo, que supuso ese incremento, una cuestión que se ha prolongado durante estos años.
Desde el PP, asimismo, se exige que no se bonifique el IBI de las viviendas e inmuebles que la Junta de Andalucía posee en la localidad, puesto que esas cantidades, finalmente, repercutirían “en el bolsillo de todos los isleños”.
Lo que sí pide el Partido Popular es la bonificación del 60 por ciento del Impuesto sobre Cosntrucciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en las obras mayores de construcción Fadricas I y Fadricas II, así como en el Parque Empresarial Puente Hierro. Además, con el fin de favorecer a las empresas ya existentes como promover la presencia de otras en la localidad, los populares quieren que se incluya en esta bonificación del ICIO a todas las obras mayores que se ejecuten en todo el suelo urbano y que tengan como objeto el establecimiento de actividades comerciales y profesionales, así como el 50 por ciento a las obras menores.
Raposo también denunció que los isleños pagan un doble canon por la depuración de las aguas, tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía por lo que solicitó la eliminación del que se abona a la administración autonómica “por redudante e innecesario”.
Por último, el concejal recordó que el gobierno de Cavada y Fran Romero van a exigir la aprobación de las Ordenanzas Fiscales alegando que, si no salen adelante, el IBI sufrirá un incremento. “Si esto sucede, los únicos culpables de la subida en el recibo del IBI será el PSOE y Andalucistas por no atender a las necesidades reales de la ciudadanía y mal gobernar nuestra ciudad. Tienen la obligación de negociar y llegar a acuerdos, algo que no hacen”.
