La presidencia semestral de la UE recae en su miembro más pobre

La presidencia semestral de la Unión Europea (UE) recae este lunes en su miembro más pobre, Bulgaria, que está considerado además el más corrupto del bloque comunitario, donde cumple una década de pertenencia.

Los búlgaros ocupan el segundo lugar entre las poblaciones europeas con más confianza en la Unión, según una reciente encuesta del Eurobarómetro, pese a que sus espectativas de mejora importante en su nivel de vida no se han visto cumplidas.

El porcentaje de apoyo se situó en noviembre en un 57 %, frente a un 29 % que dice no confiar en la comunidad.

Bulgaria ha logrado reducir de forma sostenida la tasa de desempleo, hasta un 5,8 %, el nivel más bajo desde 2008, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mientras que el Banco Mundial le pronostica un fuerte crecimiento, del 3,9 %, para 2018.

No obstante, el 74 % de su población considera "mala" la situación económica del país, cuya exportación más exitosa es aún la de sus propios ciudadanos, que emigran a millares en búsqueda de una vida mejor en otro país europeo.

El economista Stefan Rumenov explica a Efe que la mejora de las cifras del mercado laboral esconde algunos factores problemáticos.

Así, a la reducción del paro ha contribuido tanto la fuerte emigración como el creciente envejecimiento de la población, y menos la creación de nuevos empleos.

Según Eurostat, la natividad en Bulgaria, de 9,1 por 1.000 personas, es de las más bajas de la UE.

Una quinta parte de los 7,1 millones de búlgaros vive en la pobreza y otro tercio de la población tiene serias dificultades de llegar a fin de mes, de acuerdo con los datos del INE.

Tras una subida del 11 % decidida por el Gobierno -una coalición integrada por el populista partido conservador GERB y la nacionalista Unión Patriótica-, el salario mínimo de los búlgaros se situará a partir del 1 de enero en 255 euros, y la pensión más baja en los 100 euros.

En 2017, con una inflación interanual del 3 %, el salario medio fue de 532 euros, un 11,5 % más que el año anterior.

El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de Bulgaria apenas alcanzó el 50 % de la media europea en 2017, según datos de la Comisión Europea, lejos incluso del 60 % de Croacia, el segundo país más pobre del bloque comunitario.

Para la evolución de la débil economía búlgara es "clave" el dinero comunitario que llega en forma de fondos de cohesión y otras ayudas, casi 2.000 millones de euros anuales, explica a Efe Vesela Cherneva, directora del laboratorio de ideas "Consejo Europeo de Política Exterior" en Sofía.

Esta inyección de capitales ha contribuido al "enorme progreso" económico de Bulgaria en esta década en la UE, añade la experta.

No obstante, las insuficientes reformas del sistema judicial y la falta de resultados visibles en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado lastran a la sociedad búlgara, que no logra librarse del sello de "miembro más corrupto" de la Unión.

Así lo confirma el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 publicado en enero pasado por la ONG Transparencia Internacional (TI), en el que Bulgaria aparece como el socio más corrupto de Los Veintiocho, seguido de Grecia e Italia.

Bulgaria está bajo un mecanismo comunitario de vigilancia del proceso de reformas y, si bien en su último informe, presentado el 15 de noviembre pasado, la Comisión Europea ha reconocido que ha habido "desarrollos importantes" en las reformas judiciales, quedan aún numerosas tareas pendientes.

Bruselas espera resultados más sólidos en 2018, cuando se cuente con una mayor estabilidad política tras las crisis de los últimos cuatro años, con cinco cambios de Gobierno.

Desde mayo pasado, el conservador populista Boiko Borisov tomó las riendas del Ejecutivo por tercera vez.

A pocos días de asumir la presidencia de la UE, Bulgaria se ha dado su primera ley anticorrupción, con la que se crea un gran ente que unificará varias oficinas existentes.

Una de sus funciones será embargar bienes adquiridos de forma ilegítima, aunque la oposición socialdemócrata critica que cualquier denuncia por corrupción ya no se podrá hacer de forma anónima.

A pesar de los varios órganos existentes para combatir esa lacra, ni un solo alto cargo político ha sido procesado o encarcelado por corrupción desde el ingreso del país en la UE en 2007.