El Pleno municipal celebrado el pasado 7 de marzo aprobó la derogación de la ordenanza de convivencia, aprobada en 2012 por el Partido Popular y el Partido Andalucista, y que en esta ocasión ha sido apartada con el voto afirmativo de PSOE, IU y Levantemos, la abstención del concejal no adscrito Carlos Coronado y Ciudadanos, y el voto en contra del PP. Además, existe un informe de la asesoría jurídica de la Policía Local que recomienda modificarla, pero no acabar con ella.
Por tanto, tanto a los partidos políticos que están por la labor de que esta ordenanza continúe vigente y a la ciudadanía, ahora la localidad se les antoja “más peligrosa, más desamparada, porque se trata de una normativa que pone el acento en muchas de las situaciones que se dan en la ciudad y que así se pueden regular. De otra manera, no”, explica J. R.
Este ciudadano, como otros consultados por este medio, entienden que se trata de un texto que define lo que necesita la sociedad actual. “El Policía Local nos da un toque cuando hacemos algo que se escapa de la ley, y cuando se nos reitera esto y no hacemos caso, entonces se nos impone la multa. O por lo menos yo lo entiendo así. Y es ahí donde nos duele, en el bolsillo, cuando tenemos que hacer frente a una multa. Si nos quedamos si esta opción, será más complicado hacer frente a algunas conductas ciudadanas”, indica, como el incivismo, la falta de cuidado al mobiliario urbano, la falta de respeto a lo que nos rodea y a los iguales, etc.
Dos de las cuestiones que motivaron, en su momento, esta ordenanza, fueron la erradicación de la prostitución, que se antojaba un problema para vecinos de Valdelagrana, la zona de los alrededores de la calle La Rosa, la avenida de la Estación y similares, así como el incivismo, pues parece que la ciudadanía portuense no se ha concienciado de que los destrozos o afectación al mobiliario urbano “lo pagamos todos”, e incluso la “incómoda situación” que provocan los excrementos de perros en las calles.
Vecinos de la zona de los alrededores de La Salle indican que “esta ordenanza fue una herramienta muy peleada y que para nosotros era una buena solución o por lo menos ha servido para paliar esta situación que hemos vivido” y denunciado durante años. Pero “ahora tememos que las prostitutas vuelvan, y nuestros dolores de cabeza también”.
En cuanto a los excrementos de los perros, “es una lacra que no podemos combatir, porque parece que los portuenses somos demasiado guarros o nos importan las calles, los demás, los impuestos que pagamos y a qué se dirigen, más bien nada. Y es injusto que todos critiquemos que los dueños de los perros no recogen las cacas, pero nadie al final hace nada”, añade Inma G.
Según recoge el propio texto,”el objetivo principal es preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas existentes en El Puerto”.
Con todo, si se deroga este texto, los ciudadanos consideran que el Ayuntamiento tendrá que seguir gestionando ciertas actuaciones recogidas en la ordenanza, como campañas informativas de comunicación sobre la necesidad de garantizar y fomentar la convivencia y respetar los derechos de los demás; desarrollar políticas activas para garantizar la convivencia; desarrollar políticas de fomento de la convivencia y el civismo, tales como la realización de campañas divulgativas, conferencias y mesas redondas, premios y otras iniciativas; estimular el comportamiento solidario de los ciudadanos en el espacio público; medidas concretas de fomento de la convivencia y el civismo, especialmente destinadas a los menores de edad, adolescentes y jóvenes; e impulsar la suscripción de acuerdos o convenios de colaboración con entidades y asociaciones ciudadanas de cualquier índole.
Sin duda, hay ciudadanos que apuntan que “más que el Ayuntamiento es la Flave y las asociaciones de vecinos” las que gestionan “campañas de concienciación, civismo, colaboración”, que hacen posible que los portuenses sean conscientes de la necesidad de no dejar residuos ni basura en la calle, no dejar excrementos de perros en la vía pública, cuidar el mobiliario urbano, o utilizar los medios necesarios para impedir que muebles u otros enseres queden apostados en la calle.
Y ahora quedan muchas dudas en la calle, sobre todo cuando hasta la Policía Local se ha centrado en pedir una modificación y no una erradicación de la norma, como ha aprobado el equipo de Gobierno con el apoyo de Levantemos.
Así, el concejal popular Javier Bello ya señalaba la importancia de contar con dicha ordenanza. Además, apuntaba que “los argumentos que el Gobierno lanza tienen una justificación con mayor o menor peso, pero de lo que no cabe duda es que los gobiernos municipales tienen un solo fin: ayudar a la mayoría de los portuenses a solucionar sus problemas o bien intentar hacerle la vida más fácil a los portuenses”. Además, indicaba que los portuenses piden al alcalde, David de la Encina “tranquilidad, bienestar, poder disfrutar de un fin de semana por las calles sin grandes preocupaciones, y lo único que intentan PSOE e IU es acabar con esta seguridad por un simple interés político”. La portavoz de Ciudadanos, Silvia Gómez, tambiénha sido muy crítica con esta decisión, que indican no entender.
El incivismo será una cuestión más complicada
Si esta ordenanza se deroga, el incivismo de muchos ciudadanos para con normas tan básicas como el ‘castigo’ reiterado al mobiliario urbano, o dejar restos de suciedad, residuos o basura en las calles, ser´´a más complicado de erradicar.
El botellón cuenta con doble refuerzo normativo
Aunque cuestiones como la prohibición del botellón al aire libre es una modalidad del ocio juvenil que está tipificada a través de una normativa de la Junta de Andalucía, es cierto que este hecho es además reforzado por la ordenanza de convivencia.
Multas para una ciudad “en condiciones”
Dependiendo de los distintos artículos de la normativa aún vigente, las multas que se pueden imponer a los ciudadanos infractores van desde los 750,01 euros a los 3.000 euros, para acabar con conductas que no son las correctas.
El derecho de uno acaba donde empieza el del otro
La ordenanza de convivencia tiene una máxima clara, y es que el derecho de un ciudadano, a su libertad, a su libre albedrío, circulación, o actuaciones, tienen que terminan donde empiezan los derechos de los demás, como se apunta en su articulado.
