Justicia abre el plazo de alegaciones para la apertura de la fosa de García Lorca

La Consejería de Justicia ha resuelto someter a información pública, para la presentación de alegaciones, la solicitud de exhumación de la fosa donde supuestamente yacen los restos de Federico García Lorca cursada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada.

Así consta en la resolución dictada por el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, y publicada ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En la misma, el comisario resuelve someter a información pública la solicitud de la asociación granadina para la exhumación de restos de víctimas ejecutadas durante la Guerra Civil y enterradas en las fosas presuntamente localizadas en las inmediaciones de Fuente Grande -en la carretera de Víznar a Alfacar- y en el paraje El Caracolar, en la provincia de Granada.

La zona en cuestión se corresponde con las coordenadas que en su día aportó la asociación para delimitar el área en el que posiblemente se halle la fosa.

La Consejería acuerda someter la solicitud a información pública durante 15 días hábiles para la presentación de alegaciones por parte de los interesados, según la resolución, adoptada de acuerdo con el artículo 13 de la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

La resolución tiene lugar después de que la Consejería de Justicia y Administración Pública diera a conocer el mes pasado que ultima un protocolo de actuación que permita abrir el próximo otoño la fosa en la que supuestamente yacen los restos de Lorca.

Así lo había solicitado por vía administrativa la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada junto a familiares del maestro Dióscoro Galindo, supuestamente enterrado en la fosa con los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas y el poeta, cuyos descendientes no son partidarios de la exhumación.

La asociación cursó su petición por la vía administrativa después de que el Juzgado de Instrucción 3 de Granada rechazara asumir la causa de la exhumación, al no aceptar la inhibición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, competencia sobre la que deberá pronunciarse el Tribunal Supremo.