La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de la operación denominada 'Plan Pive', investiga a 24 personas en la provincia por presuntamente simular operaciones de compraventa de vehículos para lograr subvenciones.
En un comunicado, el Instituto Armado ha explicado que estas 24 personas están investigadas por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil, todo ello por obtener subvenciones de manera fraudulenta a través de la simulación de operaciones de compraventa de los denominados vehículos y así acogerse a las subvenciones de diferentes ediciones del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, Plan PIVE, sostenidos con fondos del Ministerio de Industria y Comercio.
La operación se inició en julio de 2017 cuando la Guardia Civil de Chiclana de la Frontera tuvo conocimiento de una presuntas irregularidades que se podrían estar cometiendo a través de las adjudicaciones de subvenciones por compras de vehículos eficientes, que afectaba a las ediciones 2012, 2013 y 2014 de los diferentes planes PIVE.
La investigación desveló que existía una connivencia entre el propietario de un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CATV) de la sierra gaditana y los responsables de un concesionario oficial de vehículos de la capital, para utilizar aquellos vehículos con una antigüedad entre diez y doce años que se entregaban en ese CATV, como medio de acogerse a las ayudas estatales.
De esta manera, la gestoría que trabaja con el concesionario falsificaba la documentación de los vehículos usados, para ponerlos a nombre de distintos empleados del concesionario, quienes a su vez adquirían un vehículo eficiente, y una vez re-matriculado el vehículo nuevo, el concesionario los ponía a la venta como de kilómetro 0, quedándose el concesionario con la ayuda de 1.000 euros por vehículo y beneficiándose de incentivos comerciales por superación de objetivo de ventas fijado por la empresa.
De esta manera, la Guardia Civil ha constatado que se realizaron un total de 32 operaciones de compraventa de turismos, siendo investigados por estos hechos el propietario del CATV, dos gerentes del concesionario y 21 empleados de la misma, todos los cuales han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil.
