El Juzgado de Instrucción 2 de Almería ha ordenado la apertura de juicio oral contra los 22 procesados en la mayor operación contra la prostitución desarrollada en Almería y que supuso en 2009 la desarticulación de un "grupo organizado, estable y permanente" cuya finalidad era "la explotación sexual de mujeres procedentes de países extranjeros, fundamentalmente Europa del Este y Sudamérica".
La red, según el Ministerio Público, tenía varios locales en distintos municipios de la provincia en donde "se ejercían actividades de alterne y prostitución" y cada uno de sus miembros "desempeñaba un cometido específico" en el marco de una "clara" estructura "jerárquica organizada de modo piramidal".
El auto del magistrado Jesús Miguel Hernández manda a juicio a la organización por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, prostitución de mayores de edad, blanqueo de capitales y tenencia ilícita tanto de armas prohibidas como reglamentarias.
El escrito de calificación provisional sitúa al frente del grupo a la pareja formada por J.M.C. y N.G.R.S., ya que "todas las decisiones que se adoptaban por los integrantes de la organización debían contar con su aprobación".
Añade que sus "personas de confianza", quienes se encargaban presuntamente del control y gestión diaria de los locales", debían "informarles en todo momento de la evolución del negocio y de las incidencias que pudieran surgir".
En un segundo escalón del grupo y "como máxima persona de confianza" de la pareja cabecilla, el Ministerio Público señala a A.J.M., de quien afirma que era quien se encargaba "de gestionar las finanzas, administrar las cuentas, realizar los pagos a los miembros de la organización".
Remarca el fiscal que "proporcionaba un importante asesoramiento financiero" a la red "aprovechándose de su condición de empleado de una entidad bancaria" y subraya que, incluso, "llegaba a asumir funciones de mando en ausencia" de los jefes ya que "intervenía directamente en el control y gestión de los clubes". "En definitiva, proporcionaba un imprescindible soporte económico y financiero para que la red pudiese desarrollar su actividad".
El escrito de acusación del fiscal relata, asimismo, que cuando los cabecillas "necesitaban mujeres para ejercer la prostitución", se valían de las encargadas de los clubes y acusadas --N.L.; M.P.; J.D.C.L.; y O.S.M.-- y del hermano y procesado de una de ellas --A.L.--, quienes entablaban contacto y cerraban acuerdos con agencias de viajes "aparentemente legales que interactuaban en Rusia y Brasil".
"Captaban mujeres con la finalidad de traerlas clandestinamente a España, bien con la falsa promesa de que trabajarían en el ramo de la hostelería, o bien conociendo que ejercerían la prostitución en España, lo cual aceptaban por necesidades económicas", detalla.
DEUDAS DE ENTRE 2.000 Y 5.000 EUROS
El Ministerio Público indica que presuntamente les preparaban a las mujeres la documentación necesaria para abordar el viaje a España, les proporcionaban los medios de transporte necesarios, una cantidad de dinero para demostrar que disponían de medios de vida, el contacto con la organización en España y "a las que impartían instrucciones precisas para eludir el control de extranjeros en la frontera".
Así, concreta que, "normalmente", les hacían venir como turistas pero destaca que, una vez en España, el grupo obtenía beneficios económicos "al percibir parte del dinero que lograban a través del ejercicio de dicha actividad".
El modus operandi de la red una vez en el país, de acuerdo al escrito de acusación, era el de comunicarles que "debían ejercer la prostitución para hacer frente a la deuda contraída, que incluía el coste del viaje y la comisión a las personas que habían colaborado en la captación, cuantía que oscilaba entre los 2.000 y los 5.000 euros".
"Les asignaban a las mujeres un nombre de trabajo y un número, y les creaban una cuenta que reflejaba la deuda contraía, por lo que, durante los primeros meses, los beneficios generados por las chicas mediante el ejercicio de la prostitución iba íntegramente destinado al pago de la deuda", recoge el fiscal.
En otro escalón jerárquico el Ministerio Público sitúa a las acusadas M.C.M.R., B.L., N.V.O., A.F.C., O.I., T.P., M.J., L.S., R.M.A.O. y N.K, así como al acusado S.G.R. Según traslada la acusación, eran los encargados de regentar y gestionar los clubes, "percibiendo directamente las cantidades que abonaban los clientes, entregando a las mujeres unos tickets de trabajo, vigilando el cumplimiento de las normas del club e informando a los cabecillas de cualquier incidencia relativa a autorizaciones para librar de las mujeres, la necesidad de cubrir plazas o efectuar traslados entre clubes".
Por otro lado, J.M.C. y su pareja N.G.R.S.L. habrían creado, con la colaboración su lugarteniente y empleado de banca, "un complejo entramado de personas físicas que cotizaban como autónomos y personas jurídicas que daban cobertura a los clubes como si fueran establecimientos de hostelería" para, de este modo, "evitar aparecer como los verdaderos dueños y ocultar los beneficios de sus actividades ilícitas".
"Dispusieron --explica el Ministerio Público-- una infraestructura mercantil constituida por numerosas empresas instrumentales al frente de las que estaban familiares, allegados y empleados que hacían de testaferros a cambio de cantidades de dinero".
Entre estos, los acusados J.C.R. y J.V.V., quienes, además, eran presuntamente titulares de varias de las cuentas corrientes por las que se canalizaba parte de las ganancias obtenidas en los clubes y que, en el momento de la operación, arrojaron saldos de 4,4 y 1,2 millones de euros.
"CONOCEDORES DE LA SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD" DE LAS VÍCTIMAS
La fiscal concluye que "todos los componentes" del grupo actuaban con "perfecto conocimiento de la situación de especial vulnerabilidad" en el que se encontraban las mujeres durante el tiempo en el que eran "explotadas sexualmente" y subraya que no tenían "posibilidad de costear el viaje de regreso a su país de origen, ni podían acceder, al carecer de permiso de trabajo, a una actividad laboral legal y remunerada para poder subsistir, hallándose así bajo el control de sus explotadores".
Durante la operación policial desarrollada en abril de 2009, que permitió liberar a un total de 30 mujeres, se intervinieron joyas, 74.332 euros en efectivo y varias armas de fuego ocultas en "bañeras de hidromasaje".
Para los dos cabecillas de la red, el Ministerio Público interesa penas que suman 20 años de prisión y multas de 10 millones de euros mientras que para su lugarteniente pide nueve años de cárcel de cara a la vista oral que se celebrará en la Audiencia Provincial de Almería.
El resto de acusados se enfrentan a penas que oscilan entre el año y los siete años de prisión mientras que para los dos testaferros se solicitan penas de diez y seis años de cárcel, además del pago de multas de ocho y dos millones de euros.
