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Sevilla

El guardia civil de la Manada: "No tengo ganas de pleitos con nadie"

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil miembro de La Manada, no emprenderá acciones contra la Policía por la polémica por la renovación de su pasaporte

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  • Antonio Manuel Guerrero. -

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil miembro de La Manada condenado a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento contra una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, ha asegurado este miércoles que "está contento" por la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra de mantenerlo en libertad provisional tras intentar renovar el pasaporte y que no emprenderá acciones contra la Policía.

"Ahora mismo no tengo ganas de pleitos con nadie, quiero estar tranquilo con mi hija y disfrutar", ha señalado Guerrero en declaraciones a los medios a las puertas de los juzgados de Sevilla, donde los cinco miembros de 'La Manada' tienen que acudir lunes, miércoles y viernes de cada semana a cumplir con una de las medidas cautelares fijadas por la Audiencia de Navarra para su puesta en libertad provisional, al ser preguntado sobre si emprenderá alguna acción contra la Policía.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha rechazado en un auto hecho público este martes el reingreso en prisión solicitado por la fiscalía y las acusaciones del guardia civil, quien intentó renovar el pasaporte pese a tenerlo expresamente prohibido por decisión de este mismo tribunal.

La resolución cuenta con el voto particular discrepante del presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, quien aboga por el encarcelamiento del condenado al estimar que este quebrantó la medida cautelar impuesta en el auto dictado el pasado 21 de junio.

La fiscalía, la acusación particular, ejercida por la joven que denunció la violación, y las dos acciones populares -Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra-, consideraron en una vista celebrada el 5 de julio que el intento de renovación del pasaporte constituía un intento de quebrantamiento de una de las medidas cautelares fijadas por la Sección Segunda en su resolución del 21 de junio y, por tanto, el condenado debería ingresar en prisión por riesgo de fuga. La defensa, por su parte, se opuso y reclamó el mantenimiento de la situación de libertad.

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