La Asociación Pro Derechos Humanos ha presentado una serie de alegaciones al Plan Municipal de Vivienda. Por un lado, señaló que, aunque se han dado pasos “positivos” en este tema en el último período tanto por parte del Ayuntamiento como por la Junta, lo cierto es que “han sido modestos comparados con la magnitud de emergencia habitacional que vivimos en nuestra ciudad”.
Ofrecieron algunos hechos conocidos: La existencia de una bolsa de demandantes que alcanza las 7.185 familias; la continuidad de la lacra de la infravivienda que afecta entre 350 y 450 familias; la existencia de 4.928 viviendas deshabitadas; la creciente turistificación sobre todo del Casco Histórico que está disparando los precios de alquiler (una de las ciudades más caras de España); los graves problemas de accesibilidad (ascensores) en una población crecientemente envejecida; etcétera.
Como elemento fundamental señalan la falta de consideración del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo y garantizado pese a estar reconocido como tal en la Ley Andaluza de 2010. Es por lo que los presupuestos de la Junta para vivienda son absolutamente “raquíticos” y muy alejados de las necesidades.
Según APDH, el Plan aprobado por la Junta de Gobierno Local mejora sensiblemente la concepción del mismo en cuanto a diagnóstico, objetivos y estrategia, abordándose de forma realista las actuaciones a partir de cuatro ejes estratégicos: social, vivienda, rehabilitación y gestión. También ha sido valorada positivamente por la APDHA el esfuerzo por fomentar la participación y recoger las opiniones de colectivos sociales por parte del Ayuntamiento y PROCASA, “contrastando con la cerrazón y la falta de interlocución del anterior gobierno del PP”.
Alegaciones
Básicamente, las alegaciones presentadas giran en torno a ocho propuestas. Empieza con la necesidad de actualizar el Registro de Demandantes, ante la posibilidad de que existan disfunciones, sobre todo “si comparamos con los municipios de nuestro entorno (Cádiz registra el 10,86% de toda la demanda de vivienda de Andalucía)”. También reclaman establecer una mejor priorización de los colectivos vulnerables y aclarar los datos contradictorios existentes en cuanto al estado de la edificación, garantizar la inspección de viviendas con medios materiales y humanos necesarios y revisar la ordenanza de conservación y rehabilitación.
También piden que se elabore la ordenanza de viviendas deshabitadas, así como actuar sobre la accesibilidad (ascensores), en la prácticamente sólo se contempla el programa de carácter asistencial “Salgamos a la calle”. Otra de las medidas planteadas es establecer una moratoria para la autorización de viviendas turísticas, al igual que en otras ciudades, en tanto se aprueba la compleja pero necesaria Ordenanza. Finalmente, piden combinar este Plan con la revisión global del Plan General de Ordenación Urbana, que ha de hacerse con una óptica territorial de Bahía de Cádiz con el consenso de otros municipios.
