El inspector médico que advirtió durante meses a la Consejería de Salud de las irregularidades que se estaban cometiendo en las clínicas iDental ha solicitado al juez José de la Mata declarar como testigo en la causa abierta en la Audiencia Nacional en relación con la macroestafa, y que instruye dicho magistrado.
En el escrito, remitido al juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, y a cuyo contenido ha tenido acceso Viva Sevilla, el inspector se ofrece, de forma voluntaria, al juez De la Mata para contribuir a esclarecer los hechos investigados. “Me pongo a disposición de esta Audiencia para exponer mis circunstancias y para, guiado por mis principios éticos y obligaciones civiles, ponerme a su completa disposición en la investigación en curso”.
El médico justifica su ofrecimiento tanto en los “últimos acontecimientos habidos” (caso del borrado de las historias clínicas de los servidores informáticos), como en la “parálisis”en la que dice encontrarse, ya que, como también expone ante el magistrado de la Audiencia Nacional, está siendo actualmente objeto de sendos expedientes disciplinarios por parte de la Consejería de Salud por supuestas irregularidades en la investigación de las clínicas iDental.
En efecto, el inspector pone en conocimiento de De la Mata que fue él quien “destapó el escándalo con sucesivos informes”, al igual que quien “recomendó (a Salud) urgentemente adoptar medidas cautelares” tras advertir que las clínicas estaban enfocadas a “obtener el máximo beneficio, aun a costa de la salud de los pacientes” que acudían a los centros. “Todas mis recomendaciones fueron ignoradas”, expone el funcionario ante el magistrado de la Audiencia Nacional.
En esa línea, lamenta que la Consejería esté “tratando de justificar” su “falta de colaboración”, acusándole de “una actitud presuntamente obstructiva” por su parte, y habiéndole incoado por ello dos expedientes disciplinarios, actualmente en curso, y que amenazan al afectado con su separación definitiva del servicio.
El médico inspector explica en su escrito a De la Mata en qué punto se encuentra esa doble investigación a la que está siendo sometido por parte de sus propios superiores.
“En el primer expediente se me acusa, entre otras falsedades, de negarme a investigar el caso iDental cuando se me encargó el trabajo en 2017”, recuerda. Dicho expediente obedece, efectivamente, según Salud, a dos presuntas faltas: la “desobediencia a las órdenes de un superior” y la “grave desconsideración” con estos, infracciones “muy grave” y “grave”. Acusaciones que el aludido, con las pruebas documentales que ha aportado, considera “amplia y rotundamente desacreditadas”. La Consejería, además, le acusaba de la “no verificación del contenido de denuncias múltiples en un centro sanitario privado”, en alusión a la clínica iDental de Nervión en Sevilla.
El segundo expediente, de 30 de octubre de 2018, se inició por otras dos presuntas infracciones que, según advirtió Salud a su funcionario, son “muy graves”. En concreto, se señala que el afectado podría haber incurrido en un “notorio incumplimiento de las funciones esenciales a su puesto de trabajo, en “publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tenga o haya tenido acceso”, así como en “desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior”.
Al respecto, el inspector de Salud explica al juez De la Mata que la Consejería “dispone de todo el contenido material, tanto físico como digital, desde el mismo inicio de la investigación”, en mayo de 2017.
Este periódico ya desveló que este mismo médico presentó en agosto de 2017 una denuncia contra la cúpula de Inspección Provincial de Servicios Sanitarios (IPSS) de Sevilla, donde por entonces Alfredo Sánchez Monteseirín era subdirector, por acoso laboral. Desde un año antes, el inspector dice haber sufrido agravios como “valoraciones arbitrarias e injustas” de sus labores, “mermas importantes” en sus retribuciones, “órdenes ilegales” o “silencio” ante sus reclamaciones, entre otras incidencias. Meses después, se le abrió el primero de sus dos expedientes.
Procesos que justificarían esa situación de “parálisis” que el afectado dice sufrir, y que ahora le han llevado, entre otras razones, a recurrir a la Audiencia Nacional para declarar de forma voluntaria.
