El Juzgado de Menores número 1 de Málaga ha impuesto a un menor un año de internamiento cerrado, revisable a los seis meses, y dos años y medio de libertad vigilada por un delito de agresión sexual, al entender probado que abusó de otro en julio de 2017 en la capital malagueña. Además, deberá hacer un taller afectivo-sexual.
La víctima, que presenta una discapacidad intelectual, denunció en 2017 haber sufrido supuestos abusos sexuales por parte de otro de su misma edad, 14 años entonces, en una piscina abandonada de la capital. El juicio se celebró en dicho juzgado el pasado mes de noviembre.
Según se declara probado en la sentencia, que está recurrida, el denunciado abusó sexualmente de la víctima, diciéndole que si no accedía a lo que le pedía "mataba a su familia", por lo que el menor accedió "al encontrase atemorizado".
Además, se señala que obligó a hacerle lo mismo a su hermano, que estaba allí, y que también fue denunciado desde el principio, pero no fue incluido en el procedimiento al ser inimputable judicialmente, ya que tenía menos de 14 años en ese momento.
Asimismo, la sentencia manifiesta que el denunciado intentó realizar otros actos de carácter sexual, los cuales no logró porque la víctima se opuso.
Por todos estos hechos, se impone un año de internamiento cerrado, revisable a los seis meses; y otros dos años y medio de libertad vigilada, que incluya dicho taller. En cuanto a la responsabilidad civil, señala que el menor deberá abonar 3.000 euros.
Para el magistrado, la víctima ha mantenido su relato "sin incurrir en ambigüedades ni contradicciones", además de considerar que su versión viene corroborada por los testimonios de varias personas, según se pone de manifiesto en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Asimismo, señala que del informe pericial psicológico se extrae su "incapacidad" para mantener unos hechos que no fueran ciertos y se destaca que no se han encontrado motivaciones ni otros elementos externos para una acusación falsa. Al contrario, sí hay indicadores que son "compatibles" con haber sido víctima de este tipo de violencia.
La acusación particular, en representación de la víctima, solicitó que se le impusiera cuatro años de internamiento cerrado y tres de libertad vigilada, al igual que el ministerio fiscal.
Así, los letrados del menor perjudicado, José Ignacio Francés y Francisco Redondo, de IFS Abogados, han presentado un recurso contra la sentencia, que, según han señalado, aún no está resuelto por la Audiencia de Málaga.
En dicho escrito entienden que hay un error a la hora de la aplicación de las penas, señalando que "en la práctica el menor podrá cumplir una pena de internamiento de seis meses, tiempo a todas luces insuficiente", considerando que "al ser calificada la acción como delito continuado" la pena mínima "que se podría imponer en sentencia sería la de tres años".
Al respecto, han considerado en declaraciones a Europa Press que en su opinión "y con todos los respetos entendemos que una sentencia tan débil en cuanto a la condena por unos hechos tan graves puede dar un mensaje de este delito de gravedad no va a tener penas que sean ejemplarizantes". Además, han indicado que han "echado en falta en la causa más sensibilidad con la víctima".
Asimismo, han mostrado su "perplejidad" por el hecho de que no se haya condenado a los padres como responsables civiles, "cuando lo son automáticamente legalmente" cuando se trata de un menor "y no hay que solicitarlo". Este aspecto también se precisa en el recurso, instando, además, que se aumente la cantidad establecida hasta los 45.000 euros.
