Los independentistas se plantearon negociar con el Estado la realización de un segundo referéndum si el primero resultaba fallido para ellos, según recoge un reciente informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Europa Press sobre la documentación incautada al exsenador de ERC Santiago Vidal. Además, reprochan a Vidal que utilizara el papel con membrete de la Administración de Justicia para imprimir los planes de ruptura de Cataluña con España, mientras era magistrado.
En las conclusiones de este documento, los investigadores resaltan que Santiago Vidal, suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por participar supuestamente en el 'procés', fue uno de los coordinadores de los trabajos para la redacción de una 'constitución' para la que preveían que fuera la futura República catalana.
Entre la documentación en soporte papel que los investigadores encontraron durante el registro practicado en la casa de Santiago Vidal, había un informe del Instituto de Estudios de Autogobierno, suscrito por Carles Viver, Pau Bossacoma y Gerard Martín titulado "Un referéndum acordado sobre la independencia de Cataluña: algunas claves jurídicas para una hipotética negociación política".
En este texto se planteaban las condiciones en las que se tendría que celebrar un referéndum para que fuese "aceptable" para la Generalitat y se abordaban diez cuestiones al respecto: la pregunta, los plazos y la fecha, la compatibilidad del referéndum con la no interrupción del 'procés', el ámbito territorial, las mayorías necesarias, la vinculación jurídica y política, las vías legales de convocatoria, la gestión jurídica y política con mayoría secesionista y la gestión de los resultados sin mayoría secesionista.
Pero, estos jurístas del Instituto de Estudios de Autogobierno de la Generalitat de Cataluña ya contemplaban la posibilidad de que un referéndum pactado con el Estado no les resultara favorable. Y por ello, en este informe contemplaron negociar "con el Estado la posibilidad de reiterar el referéndum en caso de que el que se celebrase resultase fallido para los intereses secesionistas".
También querían que la Generalitat pudiera seguir desarrollando el 'procés' hasta que consiguiera la independencia. Así, según la Guardia Civil, se proponían "realizar actos de preparación y defensa de la secesión aunque no tuviesen valor jurídico ni fuesen efectivos hasta que se declarase la independencia".
El informe del citado Instituto de la Generalitat consideraban que los independentistas tenían que seguir preparando las normas y las estructuras de Estado para evitar que el electorado pudiese percibir la independencia como un objetivo político no realista.
DESHONESTA IRONÍA POR LOS PLANES DE RUPTURA EN PAPEL OFICIAL ESPAÑOL
Los investigadores, además, advierten de la "deshonesta ironía" de que Santiago Vidal utilizara medios materiales públicos, propios de su cargo en la administración de justicia, para imprimir documentos en los que se reflejaban "precisamente estrategias y acciones relacionadas con la secesión de Cataluña y la desconexión del Estado español".
La Guardia Civil realiza este comentario tras exponer que "una abundante cantidad" de la documentación que encontraron en casa del exsenador se encontraba "impresa en folios oficiales de la Administración de Justicia con el escudo del Estado español y el logotipo de la Generalitat de Cataluña".
Los investigadores ponen el acento en que el juez Santiago Vidal, que fue suspendido por el CGPJ en febrero de 2015 precisamente por participar en la construcción jurídica del proceso independentista, utilizaba el papel oficial del Estado español cuyas leyes "estaba obligado a cumplir y hacer cumplir en el ejercicio de sus funciones y por las que percibía honorarios públicos".
Además, algunos de los informes que realizó de cara a la construcción de la República catalana, los firmaba como "magistrado y director del programa para el estudio de las instituciones en el ámbito de la Justicia y el poder judicial".
Así lo hacía, por ejemplo, en el libro Blanco de la Justicia 2015, en el que la única solución viable para la administración de Justicia en Cataluña era que se adscribiera todo el personal a la función pública catalana y suprimir todas las competencias del Ministerio de Justicia.
UN 25% DEL PERSONAL DE JUSTICIA "HUIRÍA" CON LA INDEPENDENCIA
Admitía, no obstante, que un 25 por ciento de la plantilla de la administración de Justicia "huiría" de Cataluña con la independencia. Por ello, proponía aumentar hasta el millar cada grupo, ya que en el momento de hacer el informe había 750 jueces, 340 fiscales y 560 secretarios.
Otro de los textos que los investigadores encontraron a Vidal fue la futura Constitución catalana compuesta de 97 artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final. En ese documento se establecía que el presidente de la Generalitat en el momento de declarar la independencia continuaría actuando como Jefe de Estado en funciones durante un año.
No obstante, por los documentos incautados se puede comprobar que los diferentes grupos de trabajo estaban trabajando en tres constituciones. Incluso se habla de una reunión en marzo de 2015 del grupo de juristas que participaban en la que se hizo constar que Carmen Forcadell, la expresidenta del Parlamento catalán y el vicepresidente de la ANC, Jaume Marfany.
