La familia Franco y la Fundación Nacional Francisco Franco han presentado sendas ampliaciones a sus recursos ante el Tribunal Supremo contra la orden de ejecución de la exhumación del dictador por parte del Gobierno, con el objeto de que la suspensión del desenterramiento que solicitaba se extienda al acuerdo posterior del Consejo de Ministros que puso fecha a la exhumación, el 10 de junio.
El pasado 15 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo que autorizaba la ejecución de la exhumación, siempre y cuando la familia accediera a elegir una ubicación distinta a la cripta de la Catedral de la Almudena para inhumar de nuevo los restos de su abuelo.
Ante la negativa de la familia de renunciar por el momento a enterrar a Franco en la sepultura que poseen a perpetuidad en la cripta de La Almudena, un lugar que el Gobierno considera inadecuado por su situación tan céntrica y su interés turístico, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos del dictador en el cementerio de Mingorrubio y fijaba para el 10 de junio la fecha de los trabajos de inhumación.
Para proceder a la exhumación, el Gobierno solicitará el correspondiente permiso eclesiástico y si no lo obtuviese (hasta el momento el prior de la abadía benedictina que custodia la Basílica del Valle de los Caídos se ha negado) solicitará una autorización judicial. Sólo con alguno de estos dos permisos, accederá a la Basílica a exhumar a Franco.
Tanto la familia como la Fundación Francisco Franco apelan al daño que se causaría si se trasladan los restos del dictador antes de que el Supremo dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Es decir, si se trasladan esos restos a Mingorrubio y luego el tribunal resuelve que han de regresar al Valle de los Caídos.
Pero la familia también incide en otro argumento. Acusa al Gobierno de "mentir" cuando interpreta que la familia ha renunciado a señalar un lugar alternativo a la cripta de La Almudena para la inhumación. En su escrito de solicitud de ampliación del recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, recuerdan que enviaron un escrito al Gobierno por el que dejaban constancia de que, en el caso de que el Supremo desestimase su recurso, accederían a señalar una ubicación alternativa a La Almudena y pedían que se les diera un plazo razonable para tomar la decisión.
