El alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), ha considerado este viernes "lógico" que el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla haya reclamado información diversa al Ayuntamiento para la investigación del brote de listeriosis derivado de la carne mechada de la empresa Magrudis contaminada con dicha bacteria, precisando que por tal extremo no se debe "deducir" meramente que "ha habido una ausencia de responsabilidad" y defendiendo la "total colaboración" del Consistorio en las pesquisas.
En declaraciones a los medios de comunicación, Espadas ha recordado que el Ayuntamiento acaba de aprobar su personación como acusación particular en la investigación judicial de este episodio epidémico que sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias mujeres embarazadas también afectadas.
Mientras siguen en prisión el gerente de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo y administrador único de la empresa, Sandro Marín Rodríguez, por un presunto delito contra la salud pública en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave, y la asociación de consumidores Facua ha reclamado la imputación de un responsable municipal aunque sin revelar quién, el alcalde ha rememorado además que con motivo del brote epidémico, el propio Ayuntamiento formuló ya una denuncia ante la Fiscalía, al igual que hizo la Junta de Andalucía.
LO QUE "PROCEDE" EN LA INVESTIGACIÓN
Y ante la providencia dictada por la juez instructora del caso reclamando diversa información al Ayuntamiento hispalense, que tras ser detectado el brote dejó sin efecto la declaración responsable que había presentado Magrudis en diciembre de 2018 para intentar regularizar la actividad que ejercía desde años atrás, Espadas ha explicado que en estos momentos "procede que el juzgado solicite a la Administración la tramitación seguida por Magrudis, tanto la ligada a la inspección de Consumo como la ligada a la actividad, tanto a la Junta como al Ayuntamiento, porque ambas entidades tiene distintos registros y diferentes controles".
"Es lógico que la autoridad judicial quiera comprobar si esos controles se habían cumplido y si la tramitación administrativa era la correcta", ha enfatizado Espadas, toda vez que más allá de que Magrudis comenzase a funcionar en 2013 sin contar con autorizaciones y no se diese de alta hasta 2015 en el registro autonómico alimentario, sin autorización municipal porque hasta 2018 no presentó una declaración responsable para intentar regularizar su actividad, un expediente sancionador incoado el 30 de agosto por el Ayuntamiento contra el técnico autor de dicha declaración responsable pone de manifiesto diversas irregularidades y que tal fórmula no era la que correspondía para legalizar la actividad de la empresa.
Señalando de nuevo la providencia, Espadas ha apostado por "no deducir" simplemente de la misma que "ha habido una ausencia de responsabilidad", porque la orden de la juez es "que se facilite toda la información al alcance" del Ayuntamiento y dicha administración está mostrando "una total colaboración" con la investigación. "Estaremos a lo que diga la investigación judicial, cuando se nos notifique y tengamos constancia", ha asegurado.
