La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acogerá el próximo día 29 de enero el juicio contra dos hombres, padre e hijo de nacionalidad búlgara, acusados de un delito de trata de seres humanos y un delito de imposición coactiva de condiciones laborales, para los que la Fiscalía pide 13 años de prisión para cada uno, por supuestamente obligar trabajar en una finca de Sevilla a un joven de 18 años de su misma nacionalidad sin que recibiera retribución alguna.
Además, para el hijo y un tercer acusado, --al que solicita también las penas anteriores--, pide un año de prisión más por un delito de coacciones al perjudicado por este caso, el cual fue liberado por la Policía tras denunciar la situación ya que supuestamente trabajó sin cobrar y "tenía que procurarse alimentos en la basura o buscando chatarra".
El joven relató a la Policía que había sido trasladado desde Bulgaria a Huelva bajo la promesa de un trabajo en el campo con unas buenas retribuciones, una oferta que aceptó dada sus necesidades personales. No obstante, una vez en España, la organización presuntamente le tenía controlado en un piso de la barriada El Torrejón de Huelva, donde compartía la vivienda con más personas, entre ellos, uno de los detenidos, que "ejercía las funciones de control sobre la víctima".
Así, según reza en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía solicita, por el delito de trata de seres humanos, la pena de la pena de seis años de prisión, así como considera que el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.
Además, por el delito de imposición coactiva de condiciones laborales, pide la pena de siete años de prisión y una multa de 15 meses a razón de seis euros de cuota diaria con un día de responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas impagadas y costas.
En cuanto a la responsabilidad civil, considera que indemnizarán conjuntamente y solidariamente a la víctima con la cantidad de adeudada por el trabajo realizado y no cobrado y con la cantidad de 10.000 euros por los perjuicios morales.
Así, la Fiscalía recoge que los acusados, el padre, alias 'Pepi' y el hijo, alias 'Sandu', ambos de nacionalidad búlgara y sin antecedentes penales--, "actuando conjuntamente" con otra persona de nacionalidad búlgara en el mes de agosto de 2018 entraron en contacto con un ciudadano búlgaro.
Como prosigue el escrito del fiscal, "éste fue convencido por los acusados para venir a España a trabajar en tareas agrícolas, ofreciéndole los acusados la posibilidad de gestionar su viaje a cambio de 150 euros, así como la de conseguirle un trabajo en el campo a cambio de la cantidad de 50 euros por el alquiler mensual de un piso compartido debiendo recibir un salario por su trabajo".
De ese modo, este hombre emprendió el viaje acompañado de otro hombre y por uno de los acusados (Pepi), siendo trasladado hasta la ciudad de Huelva y alojado en la vivienda compartida con varias personas y entre ellas con el tercer acusado V.O.T, "quien aseguraba de ese modo el control sobre la persona del perjudicado".
En el mes de septiembre, y conforme a lo que aparentemente se había acordado, el hombre comenzó a trabajar recogiendo aceitunas en una finca de Bollullos de la Mitación (Sevilla), siendo el manijero quien se entendía "directamente" con 'Pepi'.
El denunciante era trasladado habitualmente por el padre y su hijo en las furgonetas que tenían, junto con otros trabajadores. Los investigados disponían para tal fin de varios vehículos. El primer día de trabajo en la finca una persona española les entregó un papel con las horas que iban a trabajar y lo que iban a cobrar, si bien los acusados "les retiraron los papeles, los rompieron y les dijeron que iban a trabajar a espuerta recogida".
Durante varias semanas estuvo trabajando en el campo desde las 8,00 hasta las 17,00 horas "sin recibir ninguna cantidad de dinero (apropiándose los acusados del salario que el encargado de la finca entregaba a 'Pepi' para pagar a los trabajadores búlgaros), ni estar dado de alta en la Seguridad Social, ni firmar contrato de trabajo alguno", prosigue el escrito de acusación de la Fiscalía.
Según aprecia el Ministerio Público, la retirada de la documentación, con la excusa de realizar unos trámites, era "someter" a este hombre "al dejarle indocumentado abusando de ese modo de la vulnerabilidad y situación de necesidad del mismo obligándole a trabajar todos los días excepto los domingos y sin cobrar nada". Añade que "estuvo trabajando los últimos días bajo amenazas expresas de ser golpeado sin que le facilitaran comida ni dinero para subsistir, por lo que tenía que procurarse alimentos en la basura o buscando chatarra".
Ante esto, esta persona presentó una denuncia en Sevilla y al día siguiente fue parado en dicha ciudad por agentes de Policía Nacional al hallarse indocumentado, por lo que dos de los acusados, 'Sandu' y V.O.T, se desplazaron expresamente desde Huelva para hacerle entrega de su documentación, recogiéndolo y "obligándolo por la fuerza a meterse en el coche, quitándole después de nuevo la documentación y regresando a continuación a la finca", donde "fue de nuevo obligado a trabajar hasta las 16,00 horas".
Asimismo, destaca que ese mismo día uno de los acusados (Pepi) le dijo que "le iba a romper la cabeza y los brazos intentando además agredirle en represalia por querer regresar a Bulgaria, al haber descubierto que un tío suyo le había reservado un billete de autobús de vuelta a su país".
Esta situación cesó debido a una intervención policial a finales de noviembre en la cual fueron interceptados varios vehículos, "transportando en los mismos un total de 39 personas con destino final a la mencionada finca, encontrándose en un 25 hojas de salarios de trabajadores y siete teléfonos móviles y en el otro la documentación del perjudicado". En todos los casos toda la documentación de los trabajadores trasladados se encontraba "en poder de los respectivos conductores".
En casa del denunciante se encontraron cuatro agendas con numerosos apuntes contables, resguardos de envíos de dinero al extranjero, 16 teléfonos móviles, dos solicitudes de alta en la Seguridad Social y la cantidad de 1.600 euros divididos en 35 billetes de 50 euros.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Además, la Fiscalía incide en que se adopten las medidas cautelares para garantizar las responsabilidades pecuniarias de los acusados con formación de la correspondiente pieza separada de responsabilidad civil, en la que se deberá practicar lo necesario para averiguar la situación económica de los mismos.
Igualmente, pide que se mantenga la situación personal de los acusados, en libertad provisional V.O.T y 'Sandu', mientras que el padre de este último, 'Pepi', se encuentra en prisión preventiva.
El Ministerio Fiscal solicita que se deduzca testimonio por "la falta de alta en la Seguridad Social" de los trabajadores a la empresa titular de la explotación agraria y se remita al Decanato del Partido Judicial correspondiente de la provincia de Sevilla y a la Inspección Provincial del Ministerio de Trabajo de Sevilla.
De cara al juicio, propone, además de pruebas documentales, el interrogatorio de los acusados; pruebas testificales como el testimonio de la víctima, el cual se hará por videoconferencia, y en caso de imposibilidad, se apela a la audición de la declaración que hizo en su momento, así como la declaración de los agentes policiales que participaron en la operación que dio lugar a la liberación del afectado.
