La Junta de Andalucía ha clausurado las cuatro sedes que la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) tiene en la provincia, concretamente en Cádiz, Jerez de la Frontera, Algeciras y Chiclana de la Frontera, debido a su actividad de juego ilegal persistente.
La actuación se ha llevado a cabo desde la Consejería de Hacienda, como órgano competente en materia de juego y apuestas y con la participación de la Unidad de Policía Adscrita, según ha informado la Junta en una nota.
Esta medida de cierre se enmarca en el ámbito de un nuevo procedimiento sancionador por actividad de juego ilegal. La multa prevista para estos casos puede ascender hasta los 300.000 euros y es competencia de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego dependiente de la Consejería de Hacienda.
La delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Mestre, ha sido la encargada de dictar este cierre provisional con fecha del lunes 10 de febrero.
Lo que ha motivado esta medida de cierre de sedes de la OID, casi inédita en España, es la ineficacia de las sanciones administrativas para evitar que la organización persista en su actividad de juego ilegal. Han sido cientos de miles de boletos decomisados por la Unidad de Policía Adscrita estos últimos años sin que ello haya impedido que se mantenga dicha infracción.
De las más de 1.000 sanciones impuestas por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz en los últimos años por juego ilegal a la OID (vendedores, distribuidores, organización), no existe ninguna resolución judicial que haya dado la razón a la OID y haya anulado una multa. Al contrario, todas confirman que la OID no cuenta con autorización administrativa.
La Delegación del Gobierno de Cádiz está actuando de acuerdo a una resolución administrativa, de la que se ha dado audiencia a la administración concursal de la OID, sin perjuicio de que se pueda dar traslado de lo actuado a la fiscalía.
La OID es una entidad que se dedica al juego no autorizado mediante la venta ilegal de boletos, ofertando premios de distinta índole y amparándose en tener trabajadores discapacitados.
Sin embargo, dentro de los informes de la Unidad de Policía Adscrita de la Junta de Andalucía, se constata que la mayor parte de sus vendedores no tienen discapacidad alguna, ni ninguna de sus cuatro sedes están adaptadas para el acceso de discapacitados.
La OID tiene ámbito nacional y actualmente se encuentra en concurso de acreedores. La organización no ha hecho frente a las numerosas sanciones impuestas desde la Junta de Andalucía por el desarrollo de un juego sin autorización administrativa en los últimos años, dada además su situación de impagos a los acreedores.
