La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tarifa del 3 de mayo de 2016 abrió un conflicto con la Asociación de Vecinos de Atlanterra que, cuatro años después y tras acabar en el Juzgado, sigue sin resolverse.
Aquella Junta de Gobierno acordó la concesión de licencia de obras a instancia de Pedro Miguel González Márquez, en representación de la Intercomunidad Jardines de Zahara, consistente en la colocación de dos puertas metálicas.
Los más de 1.800 vecinos representados por la Asociación de Atlanterra advirtieron de que estas vallas impedían acceder a la playa por las calles de esta urbanización y solicitaron al Ayuntamiento de Tarifa revisar el permiso e iniciar un procedimiento administrativo por las “infracciones urbanísticas graves y muy graves cometidas”.
La Consejería de Medio Ambiente advirtió, efectivamente, de que “el vial peatonal de esa y otras urbanizaciones, a pesar de ser terrenos privados, ocupan la zona de tránsito y, por tanto, deben quedar libres y expeditos al paso peatonal y de vehículos autorizados, no pudiendo estar restringida su utilización a ningún colectivo sino que, de igual manera, estarán disponibles a todos los usuarios del dominio público”.
Asimismo, la asociación denunció la usurpación del Dominio Público Hidráulico, incumpliendo la reserva de una zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público y otra de cien metros de anchura con la ocupación lineal en el sentido de las aguas del Arroyo del Moral con la colocación de muro de piedra, seto y contenedores en el lado izquierdo.
Esta obstaculización, denunció el colectivo, puede suponer una barrera en caso de riesgo de inundación tanto para el acceso como para la evacuación de la propia urbanización y los usuarios de la playa. La Junta inició un expediente sancionador que se cerró con multa y algunas modificaciones urbanísticas. En el lado derecho de la barrera está la Unidad de Ejecución de la U. A. 1, promovido por Inmobiliaria del Sur, donde prevé levantar un hotel de 500 habitaciones, y que sí tendría acceso libre y directo a la playa.
Precisamente, este proyecto está en exposición pública desde hace algo más de dos semanas y ha devuelvo a un primer plano la guerra del agua en Atlanterra, dado que la iniciativa, cuyo futuro está ligado al plan de infraestructuras hidráulicas que beneficia también a Grupo Q, compromete, según la asociación, los recursos hídricos disponibles. Pese a que Aqualia, empresa concesionaria del servicio, garantiza suministro, evacuación y depuración de aguas residuales, siempre que se lleven a cabo una serie de obras, entre otras la conexión con el pantano de Almodóvar, los vecinos aseguran que no hay caudal suficiente. Además, advierten de que el pasado año ya tuvieron que manifestarse por los reiterados cortes de agua que sufrían y se preguntan cómo van a soportar el desarrollo urbanístico previsto los tres pozos que surten actualmente a la zona.
Problema de acceso al mar
El delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, dio por terminado el procedimiento sancionador iniciado por la Junta contra la comunidad de propietarios Intercomunidad Jardines de Zahara al abonar la sanción impuesta, retranquear la puerta metálica corredera 45 centímetros y la retirada por parte del Ayuntamiento de un quiosco en el inicio de la vía perimetral. No obstante, la Administración autonómica admite la existencia de un conflicto en los accesos al mar y remite a la Administración General del Estado, dado “que es la administración competente en la ordenación y gestión de esa zona”.
