Acudimos a un juzgado buscando la certeza de que las cosas volverán a su justo lugar. Cuando padecemos un abuso o arbitrariedad que no hemos logrado resolver por las vías ordinarias necesitamos un sistema de Justicia que, en base a principios razonables de igualdad, equidad y proporcionalidad, restablezca la situación conforme a derecho. Es una de las bases de nuestro sistema de convivencia democrática. Si las personas más vulnerables no cuentan con un recurso accesible y eficaz para que se les haga justicia ante arbitrariedades, el desapego democrático está servido. En el ámbito laboral, especialmente en provincias como Sevilla donde la precariedad se extiende en cada vez más sectores y perfiles, la explotación generalizada de las personas trabajadoras requiere de una actuación judicial rápida, veraz y efectiva.
Tras el confinamiento, el 80% de los nuevos asuntos que se tramitan en la jurisdicción social sevillana son despidos disciplinarios por falta de rendimiento en el trabajo. Es evidente que esos empresarios están intentando sortear el marco jurídico vigente, que ha protegido a trabajadores y empresas para que la reactivación fuera lo más rápida posible, aprovechándose de la vulnerabilidad que padecemos las personas trabajadoras. Si presentas una demanda por despido en Sevilla se te señalará el juicio para 2023. Si reclamas una cantidad que el empresario ha dejado de pagarte, la fecha se alarga hasta 2024. Este retraso lamentable afecta también a quienes litigan por ver reconocida su incapacidad médica para trabajar o una pensión acorde a sus circunstancias personales y familiares. En la mayor parte de los casos se espera la resolución del expediente en situaciones de extrema necesidad y riesgo de exclusión social.
Son 30.000 personas las que en Sevilla están pendientes de que sus asuntos sean resueltos por la jurisdicción social en la actualidad. Quienes trabajan en las sedes judiciales son también víctimas de esta situación, con índices elevados de sobrecarga y deterioro de salud física y mental. La frustración y el estrés causan enfermedades y accidentes mortales cuyo origen laboral no siempre se ve reconocido. Desde CCOO reclamamos la necesidad de crear seis juzgados de lo social de forma urgente en nuestra provincia. Se trataría de una inversión ridícula en comparación con el enorme bien público y social que generaría. La Justicia es una competencia compartida, lo que atañe por igual a gobiernos central y autonómico, por lo que vamos a trasladar esta propuesta a todos los partidos políticos con responsabilidades de gobierno en uno u otro nivel. Existe un déficit inversor en nuestra provincia de miles de millones de euros, toca situar a las necesidades de nuestra administración de Justicia en el centro de la agenda política. De ello depende en buena medida que la gente siga confiando en la eficacia de nuestro sistema democrático.
