Pese a su notable importancia, la cuestión del cambio tecnológico y sus consecuencias sobre el mercado laboral de Sevilla apenas ocupan un tímido espacio en nuestro día a día mientras todo tipo de plataformas preconfiguran nuestra realidad, asimilándolas como algo que simplemente sucede. A todos nos ha cambiado el concepto de espacio público debido a la Covid-19, y nuestro eje de visión ha variado a la hora de acudir a un determinado comercio o centro comercial de nuestra ciudad por miedo a las aglomeraciones.
Es aquí donde plataformas de venta online o de entrega de comida a domicilio están viviendo su particular Sillicon Valley. Conocemos la precariedad de los ‘riders’ y la negación de la relación laboral utilizando la revolución digital como coartada para externalizar riegos, pero las plataformas son máquinas de ideología y, como tal, están impregnadas de los valores empresariales del capital: valores que llevan consigo un lado sombrío de creciente desigualdad y precarización de las condiciones laborales, incluida la evasión fiscal sistemática mediante el uso de paraísos ‘offshore’, y donde todo el riesgo recae directamente sobre el ‘temporero digital’, haciendo puro reclutamiento de trabajadores.
En este punto de nuestra historia, y con las ayudas europeas como acelerador de la digitalización, debemos plantearnos si queremos de verdad desarrollar otros modelos que pongan en el centro de la transformación tecnológica también la mejora de las vidas y las condiciones de las personas trabajadoras. ¿Qué alternativas a este modelo de desarrollo tecnológico existen o se podrían crear? Existen casos como la plataforma creada por voluntarios de Fujitsu, ‘IBarrio’, ubicada en Sevilla. Aplicaciones que ponen en contacto directo a los comercios cercanos con el consumidor final, sin intermediarios que moneticen ni revendan servicios.
Ahora las instituciones públicas de nuestra provincia tienen la oportunidad de poner en marcha plataformas justas y locales adaptándolas a la realidad sevillana, donde puedan generar empleo directo en los comercios locales vinculando esa creación de puestos de trabajo a acuerdos de desarrollo local que no precaricen el empleo, y que por el contrario sean ejemplo de cómo la transición al comercio electrónico puede hacerse de una manera justa. Estas políticas, que deben ser impulsadas desde el ámbito público (ayuntamientos, Diputación, etc.), pueden contar con el espacio de colaboración público-privado y sumar el papel determinante de los agentes sociales.
