El Gobierno de España sostiene que su vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "ni antes de su incorporación" a la empresa malagueña Isofotón, "ni durante los meses en los que estuvo trabajando" en ésta, "ni después, participó, decidió o contribuyó a ninguna decisión de financiación, garantía, gasto, inversión o dación de cuentas".
Así lo señala el Gobierno en una de las respuestas a una batería de preguntas que, por escrito, han registrado en el Congreso diputados del Grupo Popular a propósito de la etapa de Teresa Ribera como directiva de dicha empresa, declarada en concurso de acreedores, y sobre la que el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla indaga los avales y préstamos concedidos a la misma desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Entre las preguntas sobre la vicepresidenta Ribera y su etapa en Isofotón registradas por el PP, consultadas por Europa Press, figura una en la que los 'populares' cuestionan al Gobierno por "el motivo por el que no aparece consignada en la reseña biográfica" de la ministra "publicada en la web oficial del Gobierno su experiencia profesional al frente de la empresa Isofotón".
A esto, el Gobierno responde que, "como es habitual, la reseña biográfica recoge solo alguno de los datos biográficos más significativos", y, "de hecho, faltan algunos otros tan relevantes como su pertenencia, durante más de dos años, al Comité de Pilotaje de la COP21, a propuesta del entonces ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia, Laurent Fabius; su pertenencia al Cuerpo Técnico Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en excedencia desde 1996; su condición de patrona fundadora de la Fundación Iniciativas para la Paz; o integrante de la Junta Directiva del Movimiento por la Paz (MPDL) durante más de ocho años.
Preguntado por el PP sobre el "conocimiento que tuvo" Teresa Ribera "de los avales, préstamos y ayudas públicas de los que se benefició la empresa Isofotón de la que fue directiva", el Gobierno responde que "nunca".
"Ni antes de su incorporación, ni durante los meses en los que estuvo trabajando en esta empresa, ni después, participó, decidió o contribuyó a ninguna decisión de financiación, garantía, gasto, inversión o dación de cuentas", añade el Ejecutivo en su respuesta.
Igualmente, y a la pregunta del PP sobre "acuerdos o medidas adoptados en la etapa de Teresa Ribera al frente de la Secretaría de Estado de Cambio Climático que favorecieran a la empresa Isofotón", el Gobierno responde que "no se adoptó ninguna medida en relación con esta empresa".
Finalmente, y al preguntar el PP sobre la "colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la investigación judicial que afecta a la empresa Isofotón", el Ejecutivo contesta que "al Ministerio de Transición Ecológica no se le ha solicitado ninguna colaboración en este sentido".
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
En el marco de la citada investigación del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla se ha solicitado recientemente a la Consejería de Presidencia las actas de las sesiones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebradas entre 2005 y 2015 que incluyan acuerdos sobre los citados avales de IDEA concedidos a Isofotón.
La petición de la juez instructora, Patricia Fernández Franco, respecto a los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con relación a los avales de IDEA a Isofotón abarca así los periodos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz como presidentes de la Junta, siendo condenados los dos primeros en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.
En las diligencias previas que tramita dicha instancia judicial sobre los avales y préstamos de IDEA y su filial Soprea (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía), a la empresa malagueña Isofotón, han sido apreciados posibles delitos continuados de malversación y prevaricación, así como otro delito de falsedad en documento público.
Según el juzgado instructor, IDEA concedió diversos avales a Isofotón cuando la situación financiera de la misma era "absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución", pues en 2010 las participaciones sociales de la entidad fueron enajenadas en favor del Grupo Affirma (80%) y Top Tec (20%), "por un precio simbólico de un euro", lo que no impidió que la empresa cosechase "cuantiosas ayudas con cargo al erario público".
Según el Juzgado, Isofotón y las sociedades de las que participa recibieron fondos públicos por valor de más de 80 millones de euros entre 2005 y 2012, mediante "avales e incentivos directos a fondo perdido", toda vez que "los avales otorgados por la agencia IDEA presentan graves irregularidades relativas a la inadecuación de procedimiento y en cuanto a las garantías prestadas, muy deficientes e insuficientes para responder de las cantidades avaladas".
Para el juzgado, la agencia IDEA "debía conocer la deficitaria e irregular situación de Isofotón", mientras la Soprea, como filial de IDEA, concedió a la empresa un préstamo de casi 8,4 millones de euros, "pese a constar los incumplimientos respecto a las ayudas otorgadas anteriormente por IDEA".
