Salvador Illa ha asegurado que no habrá 17 navidades distintas, en referencia a las medidas antiCovid, pero la guerra abierta en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es total porque los presidentes autonómicos no están por la labor de tomar medidas impopulares. La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespa) les ha leído la cartilla en un documento duro pero necesario. La entidad asegura que la “deslealtad institucional y politización de la gestión de la pandemia, y los constantes cambios en los protocolos de actuación, conllevan desafección de la ciudadanía, agotamiento de los profesionales y una menor efectividad de las medidas de prevención y control”. En efecto, y siguiendo el posicionamiento de Sespas, “los continuos vaivenes, conflictos y contradicciones que protagonizan las autoridades públicas están confundiendo a la población”. No es nuevo.
En pleno confinamiento y durante la desescalada, numerosos alcaldes decidieron bloquear accesos a sus respectivas localidades o llevar a cabo labores de desinfección sin que el mando único en ese momento, el Ejecutivo y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, lo autorizaran. Desde que la autonomía asumió la responsabilidad, no hay día sin que algún alcalde afee o censure alguna actuación de la Junta o reclame iniciativa a la autoridad sanitaria, ya sea un autoCovid, un cribado masivo o, como en los primeros días de septiembre, el retraso del inicio del curso escolar.
A todo ello se une el debate sobre si hay que salvar la Navidad o no, poniendo en un lado de la balanza la salud y en el otro, la economía. Sespas acierta igualmente al afirmar que “la economía no se recuperará hasta que consumidores e inversores recobren la confianza gracias a una disminución drástica de las infecciones y la percepción de que las medidas gubernamentales son coherentes”. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dejado claro, por su parte, que es mejor para la econonmía tomar medidas decididas y eficaces durante un periodo corto de tiempo que tomar medidas tibias y menos eficaces.
Tal vez, como apunta la organización sanitaria, falte rigor científico a la hora de tomar decisiones. Pero, desde luego, lo que se echa en falta es cooperación entre las administraciones y diálogo político.
Con los ecos de la bronca entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso (con la razón de parte de la presidenta de Madrid, tal y como el tiempo ha demostrado), la preocupación no está en si podremos cenar con más o menos miembros de la familia o si trasnocharemos en Fin de Año, sino en las consecuencias del cortoplacismo y el cálculo electoral. España se enfrenta a dos retos históricos. Por un lado, afrontar la creciente desigualdad social y los gobiernos, central y autonómicos, están fallando. Pero, además, encaramos una vacunación masiva. Si no hay acuerdo sobre cómo organizar la cena de Nochebuena, ¿qué podemos esperar sobre el reparto territorial de las dosis disponibles y los criterios sobre quiénes se vacunarán primero?
