El PSOE de Huércal de Almería ha celebrado hoy el archivo y sobreseimiento de la causa incoada por un delito de prevaricación urbanística contra dos exalcaldes de Huércal de Almería, Ángeles Castillo (PSOE) y Juan Ibáñez, actualmente en el PSOE pero militantes de IU cuando se produjeron los hechos.
Los socialistas han mantenido en una nota que dicha causa ha sido utilizada por el actual regidor, Ismael Torres, con "intereses espurios", señalando que Castillo e Ibáñez, como el resto de ediles del pleno municipal, se "limitaron a votar afirmativamente a una propuesta del equipo de Gobierno que contaba con el informe favorable del secretario municipal".
Han incidido en que la justicia "no ha hallado ningún indicio de delito en aquellos hechos, dado que todos los concejales votaron en consonancia con lo que sostenía el informe de la Secretaría, que constituye la máxima autoridad jurídica del Consistorio".
Esto es precisamente lo que ha venido defendiendo la portavoz socialista, Ángeles Castillo, quien lamenta que el alcalde, Ismael Torres (PP), haya actuado "con intereses espurios" en este asunto, "aprovechando la fase de instrucción del caso para poner en tela de juicio la actuación de los concejales".
"No le importó sembrar la duda sobre toda una Corporación, incluidos los compañeros de su propio partido, con tal de hacer daño al buen nombre de unos concejales que sólo hicimos nuestro trabajo y que lo hicimos conforme a la ley, como ahora ha quedado demostrado", ha lamentado Castillo.
La portavoz socialista ha asegurado que el "nulo recorrido" de este asunto "se veía venir" y ha lamentado las "prácticas carroñeras" del alcalde, que "no tuvo reparos en poner en cuestión un convenio urbanístico que él mismo había desarrollado, durante ocho años", en una maniobra que no constituyó más que "un intento desesperado por ocultar sus propios problemas con la justicia".
"El alcalde de Huércal de Almería ha obrado de mala fe y debería ofrecer, al menos, una disculpa a todos los que hemos visto cómo nuestro trabajo se ponía en tela de juicio", ha asegurado Castillo.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado Manuel José Rey Bellot expone que ha sido el propio Ministerio Público el que ha solicitado el archivo de la causa "visto que no existen perjudicados personados", apuntando además que "no concurren indicios firmes y suficientes que sustenten la comisión del delito de prevaricación referido".
"Si como se ha referido, la interpretación del secretario es asumible y no concurren por tal razón indicios bastantes de prevaricación en su conducta, con mayor peso y razón faltan en la de los restantes investigados (...) al actuar de tal forma en base al informe de aquel y descartado que tuvieran conocimiento jurídico alguno al respecto, intentando obrar en beneficio de los ciudadanos de la localidad, por los efectos favorables a la economía local de tal convenio", subraya el juez.