La ley de lucha contra el fraude suma 3 meses sin avances en el Congreso

El proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal encadena ya tres meses sin avances en su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde los grupos han presentado más de 200 enmiendas parciales relativas a cuestiones como las sicav, las socimis o la limitación de pagos en efectivo.

La ley de lucha contra el fraude -aprobada por el Consejo de Ministros en octubre de 2020, dos años después de lo previsto- se encuentra actualmente pendiente de la ponencia de la Comisión de Hacienda, donde no se han producido avances desde que a finales de diciembre del pasado año acabara el plazo de enmiendas.

Entre las 248 enmiendas parciales presentadas, las que parten con mayor ventaja para resultar aprobadas son las 34 enmiendas del PSOE, que incluyen un endurecimiento del control de las sociedades de inversión de capital variable (sicav) para garantizar que solo acceden a su favorable régimen fiscal si son realmente sociedades colectivas.

De prosperar la propuesta socialista, el régimen fiscal de las sicav estará vinculado no solo a que haya al menos 100 socios como hasta ahora, sino a que cada uno de ellos tenga acciones por valor de al menos 2.500 euros, lo que evitaría que el cupo se complete con los denominados "mariachis" o socios con participaciones irrelevantes.

Junto a ello, aboga por establecer un gravamen especial sobre el beneficio no distribuido de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) del 15 %, con el objetivo de dar mayor dinamismo a las inversiones.

Las enmiendas también pretenden restringir los pagos en efectivo, que el proyecto rebaja a un máximo de 1.000 euros para empresarios y profesionales, un umbral que el PSOE quiere extender también a los particulares.

Asimismo, plantea aclarar el procedimiento para la entrada en domicilios en el marco de inspecciones tributarias, de manera que, tanto si se ha notificado previamente el procedimiento como si se hace en el momento del registro, necesitará una autorización judicial derivada de un acto administrativo que especifique los impuestos y periodos a los que se refiere la investigación.

Otras iniciativas del PSOE son excluir la reducción sobre el rendimiento de los alquileres en los periodos de comprobación, restringir la suspensión de plazos por el estado de alarma a aquellos que terminen antes del 1 de julio de 2021 y prohibir la concesión de ayudas estatales a empresas que tengan que devolver fondos como consecuencia de una decisión de la Comisión Europea.

También considerar infracción administrativa cualquier actividad de contrabando que no sea delito, modificar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias para incluir las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo o adoptar un régimen de control de la hoja de tabaco crudo y la lucha contra la fabricación clandestina de tabaco.

Las enmiendas del PP pasan por igualar la tributación de los pactos sucesorios en el IRPF a las herencias, eliminar el nuevo cálculo de valoración de los inmuebles o eximir del pago de intereses de demora cuando un procedimiento se retrase por causas ajenas al contribuyente.

También propone incorporar la obligación de informar de obras de arte, planes de pensiones, joyas o vehículos en el extranjero o que la inclusión o exclusión de un territorio en la lista de jurisdicciones no cooperativas se realice en un real decreto y no en orden ministerial.

Por su parte, VOX propone sacar de la lista de morosos de Hacienda a aquellos que durante el plazo de alegaciones sitúen su deuda por debajo de los 600.000 euros, rebajar las multas por no informar de cuentas en el extranjero (de 5.000 euros por dato con un mínimo de 10.000 euros a 20 euros por dato con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros) o permitir llegar a acuerdos con Hacienda una vez dictada una resolución de disconformidad.

ERC plantea establecer una cuota estatal en el impuesto de patrimonio y minorar la reducción por tributación conjunta para los cónyuges de rentas más elevadas, mientras que Ciudadanos aboga por bajar de 10.000 a 5.000 euros el límite de pagos en efectivo de ciudadanos no residentes y PNV, por limitar la responsabilidad de los representantes aduaneros.

Otras iniciativas de los grupos consisten en crear un cuerpo superior de Técnicos de Hacienda, cuantificar la economía sumergida, publicar de un listado de grandes contribuyentes (persona física y empresas) que tributen por debajo de la media, bajar el umbral de tributación de los premios de loterías a 2.500 euros (frente a los 40.000 euros actuales) o permitir la tasación pericial contradictoria para valorar inmuebles.