La nueva Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo pasará al Senado para su aprobación definitiva, respaldada por PSOE; PNV; ERC-IU-ICV; BNG; Na-Bai y rechazada por PP, UPyD, UPN y CC.
En cuanto al grupo parlamentario de CiU, que tiene libertad de voto, se han posicionado en contra del proyecto siete parlamentarios –tres de CDC y cuatro de UDC–, dos han votado a favor y se registró una abstención.
Durante el debate parlamentario, en las inmediaciones del Congreso seis organizaciones contrarias al aborto se manifestaron con pancartas a favor de la vida y repartieron los denominados Bebé Aído, réplicas de plástico de fetos de doce semanas.
La portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, declaró en su intervención que “la libre maternidad para las mujeres” se ha convertido en “un derecho” y ha dejado de ser, con este proyecto de Ley, “un permiso supeditado a la decisión de terceros”.
Acusó al PP de legislar en base a “condicionantes morales y religiosos” cuando “lo que debe regir esta Cámara es la bioética y la Constitución”, si bien reconoció que “nunca los avances sociales han sido fáciles y menos los que conciernen a los derechos de las mujeres”.
El portavoz del PP Santiago Cervera acusó al Gobierno de haber utilizado este asunto “controvertido” para “recuperar el control de la agenda política” en el contexto de crisis actual y “paliar sus amplias incompetencias en tantos otros ámbitos”.
Cervera dijo a los socialistas que “no hay demanda social” para reformar la actual legislación, mientras que la nueva “banaliza el sentido de la vida humana”, algo en lo que coincidió con la portavoz de UDC, Concepció Tarruella.
El portavoz del grupo vasco Joseba Agirretxea justificó el voto positivo de esta formación porque “es una ley mejor, más humana, más cercana y sobre todo más responsable, que se ha mejorado significativamente y en elementos claves”.
Agirretxea destacó que la Ley se habría aprobado sin su colaboración y el grupo vasco decidió implicarse para poder incorporar cambios porque “la interrupción del embarazo no es, ni puede ser, un capricho frívolo”.
El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares acusó a los grupos que han votado en contra de la Ley de querer “volver a los tiempos del silencio y de la represión”, donde, aseveró, “había más abortos y más mortalidad materna”.
Llamazares, al igual que el parlamentario de ERC Joán Tardá, apostó por avanzar en la gratuidad de los anticonceptivos, en la despenalización total del aborto en la reforma del Código Penal y en que se pueda practicar sin alegar causa hasta las 22 semanas.
En la nueva ley, modificada por siete partidos, destaca la enmienda acordada entre el PSOE y el PNV para que las chicas de 16 y 17 años tengan que informar a sus padres de su decisión de abortar excepto en los casos en los que pueda suponerles “violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos”.
Se regula además la objeción de conciencia de los médicos, en un intento de mejorar la calidad asistencial de la práctica del aborto en todo el Sistema Nacional de Salud.
La formación sexual formará parte de la educación general de los escolares y los profesionales sanitarios estudiarán en la Universidad la interrupción voluntaria del embarazo.
