La Fiscalía ha mantenido su petición de dos años y seis meses de cárcel para Jonathan Moya, imputado por el secuestro y asesinato de la niña onubense de 16 meses Miriam, al considerar que ha quedado acreditado en juicio, dada su "escasa credibilidad", que concertó la compra de un turismo que, finalmente, no pagó.
En el trámite de informes de la vista oral celebrada este lunes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, la fiscal, que estima que concurre la agravante de reincidencia, ha subrayado que se han "puesto de manifiesto" las "numerosas contradicciones" de Moya González con la versión del denunciante y ha indicado que "la condena previa por un delito similar" contribuye a su "escasa credibilidad".
Ha señalado, en esta línea, que ha quedado "muy claro" que "gestionó la compra generando una confianza" en el vendedor y que acordó "un precio único". También ha mantenido la pena de 12 meses de cárcel interesada para el segundo acusado en la causa, M.G.B.
Jonathan Moya ha vuelto a negar este lunes la comisión de estafa en la compra de un turismo y ha afirmado, en todo momento, que no era su "intención no pagar" ya que, según ha dicho, acordó con la víctima que lo pagaría "a plazos".
"Sí negocié la venta pero luego lo cogió un amigo del pueblo, que se lo llevó del cortijo de mi padre hasta Guadix. Él me dijo que había hablado con el dueño y que se lo iban a pagar ellos a él. Yo, ahí, ya me olvidé", ha afirmado durante la vista oral, la segunda a la que se ha enfrentado en una semana.
En relación al otro acusado en la causa, M.G.B., quien según su defensa padece un 68 por ciento de discapacidad debido a un trastorno esquizofrénico, ha afirmado que "no estaba al corriente" y que "simplemente" le hizo "un favor" permitiéndole poner el coche a su nombre "porque yo no podía tener nada al mío por un préstamo que me saque y no pude pagar", según ha explicado.
Por su parte, la víctima de la presunta estafa ha destacado que Moya González le generó "confianza" al tratarle "como un amigo" en la operación de compra de su turismo y ha relatado que le aseguró que su padre "era dueño de una empresa de camiones" y que él "tenía una gestoría".
O.L.C. ha dicho que el principal acusado, con quien gestionó la adquisición de su vehículo por 3.000 euros, se llevó el coche tras formalizar un contrato y tras garantizarle que había realizado una transferencia bancaria por ese importe.
"Yo confié en él, como un amigo pero cuando le llamé varios días después preguntándole por el dinero, me dijo primero que no me preocupase, luego que no podía quedar conmigo y al final que no le llamase más por teléfono. Sí, me amenazaba", ha indicado a preguntas de la fiscal, quien durante el trámite de informes ha aludido a este testimonio ante la sala para remarcar la "escasa credibilidad" del principal acusado.
En su declaración en juicio, el otro acusado, M.G.B., para quien la fiscal solicita la pena de 12 meses de cárcel, ha indicado que se enteró de que Jonathan Moya no había pagado por la compra del turismo "cuando fueron a buscarme los compradores". "No sabía nada y me sorprendió", ha dicho.
La defensa de Jonathan Moya ha trasladado que no ha quedado acreditado el modo de pago y ha subrayado que "no llegó a disponer del vehículo, que apareció en Guadix". Al tiempo, ha indicado que, cuando fue detenido por la Guardia Civil, "no conducía este vehículo sino otro", por lo que no concurriría, ha añadido, el requisito de "desplazamiento patrimonial".
Así, ha solicitado la libre absolución, o subsidiariamente, la imposición de la pena en su grado mínimo para este tipo delictivo, seis meses de cárcel, con la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Ha apuntado que no cabría la agravante de reincidencia al estar los antecedentes "cancelados".
La defensa de M.G.B. ha incidido en los informes médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que acreditan al discapacidad del 68 por ciento de su patrocinado y ha solicitado que, en caso de que no se dicte absolución, se aplique como eximente completa o incompleta.
ACUSACIÓN FISCAL
Según recoge el escrito de calificación, Moya González, actuando de común acuerdo con el segundo acusado, contactó el 22 de diciembre de 2009 con el propietario de un coche en venta para interesarse por su compra "con el ánimo de enriquecerse" de forma ilícita.
Tras quedar con él en la rotonda del barrio de Torrecárdenas de la capital, formalizaron el contrato de venta del vehículo haciendo constar como comprador a M.G.B. Según el fiscal, Jonathan Moya le dijo a la víctima que había hecho una transferencia a su favor por importe de 4.000 euros.
También le aseguró, añade, que le dijo que dicha operación "entre bancos tardaría unos tres días", por lo que el vendedor le entregó el coche. "Nunca recibió el importe de dicha transferencia pese a intentar ponerse en contacto con los acusados sin conseguirlo, por lo que comprobó que había sido engañado", concluye el escrito.
Moya González, a quien le restan otros dos juicios por presuntos delitos de estafa y de apropiación indebida y que ha sido condenado en sentencia dictada la pasada semana a 12 meses de cárcel por otra estafa, se encuentra en prisión incondicional desde el 29 de diciembre imputado por el rapto y muerte de la niña de 16 meses Miriam. La pequeña permaneció en paradero desconocido durante ocho días tras ser raptada presuntamente él, pareja sentimental de su madre, el 20 de diciembre.
Su cuerpo fue encontrado el 28 de diciembre en el interior de una balsa de riego ubicada junto a una vía de servicio de la autovía A-92 y a una distancia de apenas unos 500 metros del cortijo familiar donde fue arrestado el principal implicado en los hechos. El segundo de los imputados, Raúl R.F., era detenido horas después que su amigo, al que, según apunta la investigación, habría prestado cobertura.
