El gerente de la plataforma 'Centrosdemenores.es', Alfonso Galiana, ha criticado que la Junta de Andalucía "mire para otro lado" y participe en una "campaña de desacreditación" al estimar que los responsables del centro de menores Tierras de Oria, ubicado en Oria (Almería), actuaron aplicando la disciplina recogida en el reglamento de la Ley del Menor ante los supuestos maltratos denunciados por el colectivo a través de un vídeo en el que se ve a dos menores inmovilizados mediante correas a una cama.
En declaraciones a Europa Press, Galiana ha asegurado que el vídeo en cuestión "no es de hace cuatro años", según han apuntado desde el Gobierno andaluz, pese a lo que han considerado que en cualquier caso "la antigüedad del vídeo no exime de responsabilidad" a los responsables del centro. Asimismo, ha negado que existieran "agresiones a monitores del centro" que justificaran la aplicación de esta medida.
No obstante, ha señalado que en caso de que produjeran estas agresiones por parte de menores a monitores, "su encierro en una sala es suficiente", por lo que cree "injustificada" su "contención mecánica", máxime "cuando un niños está pidiendo ayuda y que le den agua".
"La ley del menor no ampara eso", ha manifestado el portavoz de la plataforma, quien mantiene que este tipo de procedimientos constituyen un "abuso" y "malas prácticas" que no son "aisladas" en el tiempo. En esta línea, ha asegurado que tiene constancia de nuevos testimonios de familiares de menores ingresados en el centro que coinciden con su denuncia.
De esta forma, ha criticado que la Junta de Andalucía ampare a la dirección del centro "tras todas estas denuncias" y contribuya a la "campaña de desacreditación" lanzada contra la plataforma en lugar de apartar a la actual equipo directivo de Tierras de Oria. "Hablamos de menores que tienen que formarse y reinsertarse y no les estamos dando la oportunidad para ello", ha considerado.
Mientras, desde la plataforma se mantienen los contactos para solicitar que se investigue este asunto, por lo que se han establecido conversaciones con el Defensor del Menor para trasladar nuevamente la denuncia. Por otra parte, los abogados del colectivo trabajan también en una posible denuncia ante los juzgados por los hechos descritos.
