La acusación particular en la causa por presunta compra de votos por correo en Carboneras (Almería) en 2007 ha formulado acusación contra la concejal en ejercicio del PSOE, Josefa Cruz, y las ex ediles Rosario Fernández y Josefa Ruiz, para quienes interesa penas de seis meses de prisión y tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delito electoral.

   En el mismo procedimiento, pendiente de que se dicte auto de apertura de juicio oral, el Ministerio Fiscal pide para las tres sendas multas de 40 cuotas a diez euros al día, cuatro meses de multa a razón de razón de diez euros al día y un año de inhabilitación especial para cargo público como presuntas autoras de dos delitos electorales del artículo 146.1 a) y 2 del la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).

   La acusación particular, ejercida por el exportavoz del grupo municipal del PP Joaquín Amills, acusa, asimismo, a un empresario, J.M.C.C., quien, según consta en su escrito consultado por Europa Press, habría instado a uno de sus ex empleados en un bar "a que fuera a coger con Josefa Cruz, mas conocida como 'Pepi', el sobre para votar por correo, ofreciéndole a cambio la promesa de hacerle un contrato de trabajo".

   En un segundo escrito, elevado al Juzgado de Instrucción 1 de Vera, solicita a la jueza que reabra la causa con respecto a quien ocupaba la Alcaldía de Carboneras en esa época, el socialista Francisco Ruiz Aguado, para el que se dictó, mediante auto de 29 de mayo, el archivo de las actuaciones al considerar que no se han encontrado, a lo largo de una instrucción de casi ocho años, "indicios racionales suficientes de su participación".

   El letrado que la acusación sostiene, con el mismo hilo conductor en la argumentación de ambos escritos, que sí se dan en las actuaciones esos "indicios racionales" y alude a que Ruiz Aguado "fue sorprendido a las 14,00 horas del 23 de mayo de 2007" por un vecino "en posesión de un bolsa de plástico de color negro con los sobres del voto por correo" de los dos testigos en los que se basa la acusación fiscal y que han asegurado que los acusados les pidieron el voto a cambio de dádiva o promesa.

   De acuerdo a la certificación de la oficina electoral que obra en la causa, y que certifica que los votos de estos dos testigos se emitieron ese mismo día, concluye que se "infiere su participación" ya que "no se hallaron junto a los sobres las papeletas de voto del PSOE y sí el resto de papeletas del resto de partidos políticos que concurrían en esas elecciones municipales".

   Hace referencia en ambos escritos, tanto en el que formula acusación como en el que pide que se reabra la causa contra el exalcalde, a que en el interior de esa bolsa "se encontró personalísima documentación oficial de Ruiz Aguado, como su tarjeta de visita con nombre y membrete en relieve del Ayuntamiento, así como notas manuscritas y los sobres del voto por correo de 28 electores" que ejercieron su derecho a sufragio de esa manera "y en los que faltaba la papeleta del PSOE".

   Por último, el letrado del exportavoz municipal del PP señala a un tercer testigo cuyo nombre y número de teléfono "aparece tachado en un folio manuscrito con el título de: "faltan", junto a los sobres de emisión de voto por correo de los precitados electores que portaba en la bolsa Ruiz Aguado".

ALCALDE POR INHABILITACIÓN DEL ANTERIOR POR DELITO ELECTORAL

   Ruiz asumió el cargo meses antes de forma accidental mientras que quien era entonces primer edil, Cristóbal Fernández, cumplía pena de seis meses de inhabilitación por un delito electoral, por el que fue condenado junto a su hermana Rosario Fernández aunque luego ambos fueron indultados.

   La denuncia que dio lugar a la causa, interpuesta por el PP, señalaba que, a través de un vecino que declaró como testigo posteriormente, se había tenido conocimiento de que el entonces regidor "había arrojado a un contenedor de basura próximo al Ayuntamiento, en periodo de elecciones, una bolsa que contenía resguardos de votos por correo rotos y con una serie de anotaciones manuscritas en los mismos que inducían a pensar que podía haber tratado de obtener votos a cambio de recompensas, dádivas, promesas o remuneraciones ofrecidas a diferentes vecinos".

   En su auto de 29 de mayo, la jueza Almudena Navarro indicó que de las averiguaciones llevadas a cabo por la Policía Judicial "no se desprende que ninguna de las personas mencionadas hubiese realizado su voto bajo promesa de dádiva, promesa o recompensa" al tiempo que remarca que no pudo realizarse una segunda prueba pericial caligráfica de Ruiz Aguado para el cotejo con las anotaciones manuscritas y ante las dudas que generó la primera porque se negó "en uso de sus derechos como imputado procesalmente".

ACUSACIÓN FISCAL

   Con respecto a la concejal Josefa Cruz y la exediles Josefa Ruiz y la propia Rosario Fernández, el relato que hace de los hechos que presuntamente cometieron se aviene en lo sustancial al relato del Ministerio Público aunque más detallado e involucrando en uno de los casos al empresario hostelero y exjefe de uno de los testigos principales contra el que el fiscal no formula acusación.

   Según recoge el escrito de calificación provisional, Rosario Fernández y Josefa Ruiz contactaron con una vecina de Almería y le requirieron para que se personará en el Ayuntamiento. Una vez allí, María del Rosario Fernández, entonces primera teniente de Alcalde, le habría dicho textualmente: "Me vas a votar por correo que te voy a dar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento como limpiadora".

   Posteriormente, esta vecina de Almería les habría "llevado el voto por correo tras recibirlo" y, ese mismo día, Josefa Ruiz presuntamente le habría dado "diez euros para que se pagara el billete de autobús" de vuelta desde Carboneras mientras le decía: "no te preocupes que vas a tener trabajo".

   El Ministerio Público sostiene que la tercera acusada, Josefa Cruz, contactó con otro vecino que trabajaba en un bar del municipio y le habría solicitado "el voto por correo para su partido a cambio de permitir el Ayuntamiento la apertura de una terraza que facilitaría que pudiera seguir trabajando en el mismo". Supuestamente, este camarero le llevó el voto por correo una vez lo recibió.

   El escrito concluye que ambos "votaron por correo en las elecciones de 25 de mayo de 2007 en la Oficina de Correos de Carboneras conforme los sobres electorales que les prepararon las acusadas".