Añaden que a esto hay que sumar la "inactividad en los quirófanos y la drástica reducción en las consultas de especialistas"
La Marea Blanca Almería ha denunciado hoy que "se vuelven a cerrar más de 180 camas hospitalarias públicas" durante los meses de verano en la provincia almeriense, así como que pese a ello se mantienen camas concertadas en las clínicas privadas de la capital.
Han señalado en una nota de que estos cierres se concretan en 38 camas menos en el Hospital La Inmaculada de Huercal-Overa, hasta 70 camas en el Hospital de Poniente de El Ejido y unas 84 camas en el Hospital Torrecárdenas de Almería.
Añaden que a esto hay que sumar la "inactividad en los quirófanos y la drástica reducción en las consultas de especialistas y pruebas diagnósticas como TAC, ecografías, resonancias, étcetera".
Señalan que las direcciones de los hospitales presuntamente afectados han alegado que estos "salvajes recortes" se deben a "obras de mantenimiento", "reformas", "disminución en la demanda asistencial por parte de la población" o para poder dar vacaciones al personal.
Marea Blanca Almería sostiene por el contrario que la "razón (...) lejos de optimizar los recursos humanos y materiales de los que disponen para dar la mejor atención posible a la población almeriense y a los miles de visitantes que en estos meses llegan a la provincia, es la de debilitar la sanidad y reforzar con conciertos a la sanidad privada".
En este sentido, afirman que se ha mantenido una planta entera de la Clínica Mediterráneo concertada para enviar pacientes "sobrantes" del Hospital Torrecárdenas.
Unas camas de hospitalización low cost con menos personal médico y de enfermería" y en habitaciones diseñadas para un paciente y "reconvertidas en dobles para aumentar la capacidad".
Mantienen además que el "descenso e inactividad" en quirófanos, consultas o pruebas diagnósticas durante el verano traerá como "consecuencia directa" el aumento de las listas de espera, lo que "volverá a servir de justificación para derivar pacientes de la pública a la privada".
Dicen que se trata de una "estrategia desleal del gobierno de la Junta de Andalucía con un servicio público esencial como es la sanidad" y exigen que se haga público el coste anual que tienen las privatizaciones de servicios sanitarios en la provincia.