Un informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología concluye que los vertidos detectados en la planta desaladora de Carboneras en abril de 2018 procedentes supuestamente de la fábrica de biodiésel propiedad de F.J. Sánchez Sucesores SAU son de "naturaleza contaminante" y advierte de que "causan daños sustanciales" a la calidad de las aguas.
El análisis de las muestras recogidas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil revelan que estos vertidos "incontrolados" contienen sustancias que, debido a su "naturaleza contaminante", necesitan ser gestionadas "por un gestor autorizado" que garantice que se someten a "tratamientos adecuados para que se asegure la protección de la salud humana y del medio ambiente".
"Un vertido de estas características no es autorizable en ningún caso", remarca la pericial, remitida al Juzgado de Instrucción 1 de Vera, en el marco de las diligencias previas abiertas a raíz de vertidos que habrían afectado a los pluviales de la planta desaladora.
Uno de ellos fue denunciado en abril de 2018 por el gerente de la empresa Acuamed, quien comunicó a la Guardia Civil que, de una de las paredes, "emanaba un residuo líquido viscoso de color negro" en "grandes cantidades", y el segundo, en dos episodios con 72 horas de diferencia, en octubre, en sendas actuaciones de la propia Guardia Civil.
El informe avisa, asimismo, que, dependiendo del "volumen" y la "continuidad del vertido", este puede "perjudicar" el equilibrio de los sistemas naturales y, "por su proximidad a una zona de captación de aguas para abastecimiento humano, podría causar un riesgo para la salud de las personas".
La Guardia Civil remitió para análisis tres muestras diferentes y, de sus análisis, se desprende la presencia de "ésteres metílicos que tendrían su origen en el proceso de transesterificación para la obtención de biodiésel "empleando para ello metanol, siendo este último un producto tóxico que debe recuperarse de manera eficaz en el proceso".
"Se han detectado también altas concentraciones de aceites y grasas, así como hidrocarburos totales del petróleo, insolubles en el agua y que resultan muy tóxicos para los organismos vivos", añade los peritos, que remarcan que los aceites industriales analizados en las muestras "tienen la condición de residuos peligrosos".
Subraya, en esta línea, que su presencia "supera ampliamente" los valores límite de emisión para aceites y grasas "en aguas costeras y de transición" al tiempo que traslada que "la contaminación por este tipo de sustancias se caracteriza por su persistencia en el ecosistema a pesar de los procesos de degradación natural a que puedan ser sometidos".
"De llegar al mar, el ecosistema puede sufrir afectaciones debidas al impacto negativo de estos contaminantes sobre sus diferentes componentes", concreta para recordar que, la posible zona de influencia del vertido, contiene producción de moluscos y otras especies de invertebrados marinos acuáticos en los que "un vertido continuado puede producir efectos perjudiciales en el consumo de productos costeros, especialmente bivalbos filtradores".
En el marco de la causa penal, la Junta de Andalucía ha comunicado a la jueza que está elaborando un estudio de caracterización del suelo para evaluar la existencia o no de contaminación a raíz de los vertidos de aguas oleosas. El estudio es una caracterización "exploratoria" de la calidad ambiental del suelo y las aguas subterráneas asociadas en el perímetro de las instalaciones de la empresa FJ Sánchez Sucesores SAU para así "determinar la composición de los efluentes detectados" y la posible extensión "de la afección a otros terrenos".
En un informe remitido a requerimiento del Juzgado de Instrucción 1 de Vera, consultado por Europa Press, la Junta señala que se ha decidido realizar el citado estudio con determinaciones analíticas "sobre muestras de suelos y aguas subterráneas" debido a los antecedentes ya que no se trataría de los primeros vertidos cuya investigación está judicializada y constan cuatro expedientes sancionadores contra la empresa denunciada.
Cabe recordar que otro juzgado veratense mantiene abiertas diligencias previas por un vertido localizado en septiembre de 2015 mientras que la Junta impuso por este a la propietaria de la planta, FJ Sánchez Sucesores SAU, una sanción de 603 euros, recurrida en alzada, con obligación de restauración y limpieza del terreno por la comisión de una infracción grave a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
La Junta andaluza impuso otra sanción, entre caso de 24.001 euros, a la misma mercantil por un "vertido de aguas residuales industriales" en abril de 2017. Se avino al pago voluntario pero aún mantiene la obligación de restauración, con obligación de limpieza y entrega a gestor autorizado de las tierras contaminadas por vertidos aceitosos, entregando a la Delegación los justificantes que lo acrediten.
Otros dos expedientes sancionadores fueron abiertos, si bien uno se archivó por que los hechos investigados ya habían sido objeto de otro procedimiento sancionador. El otro, por denuncias de abril de 2008, continúa en tramitación por dos presuntas infracciones a la ley de gestión de la calidad ambiental.
ACTUACIONES "SIN AUTORIZACIÓN"
La Junta también reconoce a la jueza instructora que la empresa FJ Sánchez Sucesores SAU "no dispone de autorización de vertido" ni al dominio público marítimo-terrestre (DPMT), ni al dominio público hidráulico (DPH) "de las aguas de proceso" o "aguas pluviales contaminadas generadas en su actividad".
Al hilo de esto, el informe cuestiona que esta autorización, que se tramita desde 2012, pueda tener viabilidad ya que, en los análisis realizados, se "observa que se han superado muy ampliamente los valores límites de emisión" que contempla el Reglamento de Vertidos al DPH y al DPMT de Andalucía y que, por lo tanto, "se puede afirmar que este efluente es altamente contaminante".
El procedimiento por supuesto delito medioambiental se abrió después de que el gerente de la empresa Acuamed informase en abril de 2018 a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación "emanaba un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades".
Cuando los agentes se personaron comprobaron que "efectivamente" brotaba del lateral de ladera de la montaña "un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite" y el gerente les informó de que, "probablemente, provenía de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora".
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