Los 15 empleados de Inturjoven que prestaban servicio en el albergue que desde el pasado jueves y que han sido obligados a tomar vacaciones después de que el centro fuera cedido a la Consejería de Salud y Familias para crear temporalmente un centro de aislamiento covid para personas sin recurso habitacional han reclamado este lunes a las puertas de la sede del Gobierno andaluz una solución alternativa que evite su desplazamiento del centro de trabajo, sentido en el que han iniciado también una recogida de firmas.
En declaraciones a los medios, la responsable autonómica de Empresa Privada de CSIF, María del Mar Gómez del Mercado, ha criticado que la Junta de Andalucía haya decidido "de forma inesperada" la cesión por parte de Empleo del centro, lo que ha afectado no solo a los 15 trabajadores sino también a ocho universitarios, que tenían contratado su hospedaje durante el curso, así como a quienes habían realizado "numerosas reservas" para las próximas semanas y al personal y empresas alojadas en el CADE, al que daba cabida.
La dirigente sindical ha afeado la "falta de sensibilidad" de la Junta de Andalucía con los trabajadores ante la posibilidad de que sean desplazados a otras provincias una vez que se produzca su reincorporación, prevista a partir del 3 de mayo. "No tenemos conocimiento de qué decisión se va a adoptar para ellos", ha indicado Gómez del Mercado, quien cree que algunos de ellos podrían ser derivados al albergue de Aguadulce.
"Desde CSIF instamos a la Junta buscar otro tipo de soluciones y a que reconsideren su solución", ha dicho la representante de los trabajadores, para quien "existen una serie de instalaciones en la provincia de Almería que pueden usarse para estos mismos fines", que son los de dar acogida a personas sin hogar que se han contagiado de covid-19 o han estado en contacto estrecho con un positivo y precisan pasar su cuarentena.
De forma paralela, se ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para apoyar a los empleados del centro, la mayor parte de ellos mujeres con cerca de 28 años en activo, que ya ha recopilado más de 600 apoyos en contra de la medida. "Desde los trabajadores de este centro no negamos la necesidad de atender a estos colectivos, pero entendemos que hay otras alternativas en la provincia que no supondría el cierre de nuestro centro", expone el escrito.
