El Pleno del Congreso ha dado su respaldo a la ley impulsada por el PSOE, con los votos en contra de PP y Vox, que castigará penalmente a quienes acosen a las mujeres que acuden a una clínica para interrumpir de forma voluntaria su embarazo, con lo que la iniciativa pasará ahora a tramitarse en el Senado.
Con la aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia, la ley ha salido adelante con 204 votos a favor, 144 en contra y ninguna abstención.
De este modo, culmina su recorrido en la Cámara Baja, meses después -fue el pasado septiembre- de que la mayoría de grupos aprobara tramitar la proposición de ley del PSOE para reformar el Código Penal y castigar con cárcel a los que acosan y hostigan a las mujeres que acuden a estas clínicas a abortar.
La diputada del PSOE Laura Berja ha sido la encargada de subir a la tribuna para defender la iniciativa de su grupo con la que se hará, ha dicho, "historia parlamentaria" y ha criticado duramente al PP por su rechazo al texto y le ha acusado de haber elegido, una vez más, junto a Vox "el bando incorrecto".
A ellos les ha reprochado que señalen a las mujeres que abortan en lugar de respetar su decisión y que con su postura, no están defendiendo la libertad religiosa, sino el acoso y a los acosadores, tras lo que ha agradecido al resto de grupos sus aportaciones y el respaldo al texto.
Y es que PP y Vox se han opuesto desde el principio a la iniciativa contra la que presentaron sendas enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas.
Desde el PP, Teresa Angulo ha insistido en que la iniciativa tiene un "claro sesgo ideológico" que "atenta" contra la tolerancia y la libertad, de forma que no pretende solucionar un problema real sino impedir los derechos de reunión y expresión.
"No quieren tipificar el acoso sino restringir por censura previa el derecho de expresión, algo que prohíbe la Constitución", ha asegurado Angulo.
En el mismo sentido se ha expresado Lourdes Méndez, de Vox: "A partir de ahora será un honor ser considerado delincuente por un Gobierno que indulta a terroristas y mete en la cárcel a quien se dedica a salvar vidas", ha espetado la diputada, que ha avanzado que la recurrirán al Tribunal Constitucional.
La Comisión de Justicia aprobó el pasado 22 de diciembre el dictamen sobre la proposición de ley con las modificaciones acordadas por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos.
Los cambios incluyen que no solo se castigará a quienes acosan a las mujeres que acuden a estos centros a abortar sino también la ley perseguirá el acoso a los sanitarios y directivos de las clínicas y al personal de la sanidad pública que interviene en abortos.
Y es que la iniciativa original planteaba incluir un nuevo artículo en el Código Penal (el 172 quater) para castigar a quienes se concentran a las puertas de las clínicas abortivas y hostigan y coartan la libertad de las mujeres con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.
Además, el acoso se perseguirá sin que sea necesaria una denuncia expresa de la mujer para que se inicie el procedimiento.
El resto de grupos que ha tomado la palabra, excepto UPN, han aplaudido la futura ley.
"El rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar", ha espetado la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde, que ha asegurado que cuando una mujer decide abortar lo ha pensado mucho porque es una decisión "tremendamente dura y difícil", como para que se encuentren con una "horda de integrista". "Es una absoluta crueldad".
La diputada de ERC Pilar Vallugera ha rechazado los argumentos del PP y Vox ya que ha insistido en que quien se concentra frente a las clínicas son "energúmenos" que con sus acciones amedrentan a las mujeres, en tanto que Pilar Calvo, del Grupo Plural, ha aplaudido también la aprobación del texto.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha advertido de que las mujeres ya han dado muchas explicaciones y han sufrido "muchísima desigualdad". "Ya está bien", ha dicho.
Y el diputado del PNV Mikel Legarde ha reiterado que una cosa es la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la reunión para expresar el rechazo a una regulación y otra es "intimidar, coaccionar, dificultar" a las mujeres que quieren ejercer su derecho reconocido en el ordenamiento provocándolas temor, intranquilidad y angustia.
Desde EH Bildu, Isabel Pozueta ha destacado: "Rezar en clínicas abortistas es acosar. Déjenos en paz, no necesitamos su paternalismo, nosotras decidimos".
Fuera del Congreso se concentraron antiabortistas para protestar contra la futura norma.
