La Audiencia Nacional inicia el martes un nuevo juicio del caso Madeja, que gira en torno a una supuesta trama de sobornos a funcionarios a cambio de obra pública, por la que se sentarán en el banquillo varios funcionarios en relación a la actuación desplegada por la red en diversos puntos de Andalucía.
Lo harán por una de las ramificaciones de esta macrocausa, cuya pieza principal se juzga estos meses en paralelo con varios acuerdos de conformidad entre las partes y en la que diversos acusados saldrán absueltos, fundamentalmente debido a la prescripción de los delitos.
En este nuevo juicio la Fiscalía atribuye a los acusados presuntos delitos de cohecho activo cometido por funcionario público y pide para ellos cuatro años de cárcel.
El caso Madeja, que nació en Sevilla y acabó en 2015 en la Audiencia Nacional, gira en torno a la empresa Fitonovo, que presuntamente creó una infraestructura para obtener contratos públicos irregulares y tenía una contabilidad paralela para financiar sobornos a funcionarios en distintas administraciones, sobre todo de Andalucía, Canarias y Extremadura.
Este nuevo juicio, relativo a la pieza de "delegaciones territoriales y administraciones locales", se ocupa "de las actuaciones realizadas en esta trama por distintas autoridades, funcionarios públicos y proveedores" relacionados con el Ministerio de Fomento en Cádiz, Huelva y Andalucía Occidental, la Diputación de Sevilla, la de Jaén, la de Córdoba y el Ayuntamiento de La Carolina (Huelva), según dejó constar el juez en el auto en el que abría juicio.
Entre los diez acusados hay diversos técnicos y funcionarios, así como un concejal de La Carolina en el momento de los hechos, que habrían recibido dádivas por parte de directivos de Fitonovo -que no serán juzgados en esta pieza- por presuntamente favorecer a la empresa en la ejecución de los contratos.
Por ejemplo, la Fiscalía acusa a un ingeniero del Servicio de Carreteras y Movilidad de la Diputación de Sevilla de haber recibido comisiones y regalos por importe de 111.822 euros de la empresa "por no fiscalizar la ejecución de los contratos" desde 2000 hasta 2011, según el escrito de conclusiones provisionales de Fiscalía.
A través de esas dádivas, Fitonovo habría conseguido aumentar su facturación a lo largo de los años.
Dado que "el pago de comisiones a funcionarios" no se podía justificar de forma legal, la empresa constituyó una caja con la que pagar las dádivas o los regalos, y que también servía para el "pago de salarios en B" a trabajadores. Esta caja B, señala el fiscal, se alimentaba fundamentalmente mediante facturación falsa.
El ministerio público añade en su escrito que el pago de comisiones por parte de Fitonovo en todo el país se prolongó "durante al menos quince años" -desde al menos 1995-, afectando a múltiples administraciones estatales, autonómicas y locales, "e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades".
