Las alarmas alimentarias han vuelto a saltar después de que ayer la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) enviase un comunicado a este medio en el que recomienda “no consumir panga y perca”, dos tipos de pescados que se venden mucho en Jerez debido a su bajo coste y a su presentación en filetes, puesto que “se han encontrado restos de pesticidas en el panga y trazas de mercurio en los filetes de ambos pescados”.

Y es que aunque la OCU asegura que estos residuos contaminantes están dentro de los límites legales y no suponen un riesgo inmediato para la salud, la Asociación de Consumidores recomienda no comerlos más de una vez por semana.

Ante esta situación, desde la asociación de Vendedores de Pescados de la Plaza de Abastos de Jerez, su presidente, Ignacio Parada, aseguraba ayer desconocer completamente este hecho. “Ni en el muelle ni en el Mercado se ha hablado nada a este respecto. Nosotros nos guiamos por los informes veterinarios periódicos que realiza la Junta de Andalucía, por lo que mientras que no nos lo prohíban, seguiremos vendiendo esta clase de pescado”.

El problema, tal y como reconocen desde la OCU es que el panga y la perca han entrado “con fuerza” en los hábitos de compra y consumo de los jerezanos, sobre todo, en comedores colectivos donde a veces se sirven como filetes de lenguado o mero pero, tras sospechar de la presencia de posibles contaminantes ambientales por si producción “intensiva” y zonas donde se localiza, la OCU analizó 23 muestras de panga (17 congeladas y seis frescas) y otras seis de perca con la citada conclusión.

Se trata de dos pescados de agua dulce que proceden de países lejanos: el panga se cría en el río Mekong (Vietnam) y la perca habita en el lago Victoria en África.

En concreto, en cuatro de las muestras de panga se encontró la trifluoralina, un herbicida prohibido en Europa mientras que en los filetes de perca no se encontraron plaguicidas. También detectaron mercurio en nueve de las 29 muestras de panga y perca analizadas. Las cantidades de mercurio no superan el límite legal de 0,5 mg por kilogramo pero, en algunos casos, sí alcanzaron la mitad de esa cifra.