Salina San Vicente lidera el proceso de regeneración del sector en la provincia

La salina de San Vicente y sus propietarios, la familia Ruiz, se ha convertido en uno de los espejos en el que han puesto sus ojos los representantes parlamentarios, diputados y senadores del PSOE para darle la vuelta a la tortilla e intentar que el sector salinero vuelva a recuperar el auge que siempre tuvo desde tiempos inmemoriales, siendo una de las industrias tradicionales más ancestrales de la Bahía de Cádiz.

Actualmente en las instalaciones isleñas se produce lo que se conoce como flor de sal o sal de hielo, además de todo tipo de sales artesanales o ecológicas. Sin embargo, con el Reglamento vigente actualmente y que data del año 1978 es imposible que San Vicente pueda comercializar sus productos en territorio nacional, siendo sus principales destinatarios países como Alemania o Estados Unidos, a los que se están sumando en los últimos meses otros destinos como Polonia, Serbia o Reino Unido. La media anual de producción de la salina isleña se sitúa entre las 500 y 1.000 toneladas.

Representantes socialistas de distintas instituciones visitaron en la jornada de este martes la salina para analizar los pasos que se están dando en materia normativa y, de camino, ver in situ cómo se desarrollo el trabajo salinero a pie de campo.

Cambiar el Reglamento

Con respecto al cambio de la legislación vigente, hay que señalar que tanto en el Congreso como en el Senado ya se ha aprobado la modificación del Reglamento Técnico Sanitario de diciembre de 1978. Un trámite administrativo que dará pie a partir de ahora para que los representantes del sector salinero (que están llamados a convertirse en el futuro salicultores) puedan aportar sus ideas y se configure un plan sectorial para dicha industria, al objeto de equiparar en todos los niveles a las empresas salineras españolas con respecto a las del resto de la Unión Europea.

Este será un paso importante, pero no el único que pretenden los propietarios de las salinas, ya que entienden que también es necesario que el amparo legal de las empresas del sector recaiga en el Ministerio de Agricultura y Pesca y deje de estar en manos del Ministerio de Industria, como sucede en la actualidad.

Poco a poco se van poniendo los cimientos para que la industria salinera gaditana recupere el esplendor de antaño -de las 136 que había sólo quedan seis-, y San Vicente es uno de los máximos exponentes para que este proyecto se convierta en una realidad de los próximos años.

Inclusive no se descarta aplicar el modelo de trabajo desarrollado en las instalaciones isleñas en salinas abandonadas. Otra de las iniciativas que hay en cartera, en las que se tienen que implicar las distintas administraciones, es la puesta en marcha de ciclos formativos de un año (seis meses teóricos y seis prácticos) y posteriormente ceder a los beneficiarios de los mismos la concesión de las salinas abandonadas para que sean reflotadas.

Manuel Ruiz, biólogo y salinero de San Vicente, agradeció a los representantes del PSOE que asistieron a la visita el paso al frente que se ha dado en los últimos años, además de la labor encomiable que con respecto al sector se está realizando desde la Universidad de Cádiz.

Francia y Portugal

La intención de los empresarios del sector salinero es acabar con el conflicto que se ha generado con respecto a países del entorno como Francia o Portugal en los últimos años. Y es que con la normativa nacional actual en la mano, los salineros españoles no pueden comercializar en España sus productos, algo que no sucede en los dos países vecinos gracias a que sus normativas si que se les permite. Es más, es conocido que en Francia inclusive se compra la sal en España para luego volver a comercializarla aquí a través de las grandes superficies.

Aunque pueda resultar incongruente, esa es la realidad que existe a día de hoy. Lo que se busca es que exista una equiparación legal del sector salinero español con respecto a lo estipulado para el resto de países europeos que comercializan con los productos salineros.