El Valle del Corneja, en Ávila, ha sido escenario de un conflicto reciente. La empresa Cerro el Rocil, perteneciente a la multinacional almeriense Grupo Cosentino, ha decidido avanzar en sus exploraciones para la extracción de minerales en el marco del proyecto denominado 'Polonia 1.152'. Vecinos de El Mirón observaron con preocupación cómo maquinarias de la empresa invadían fincas privadas para extraer muestras de tierra. Actuando con rapidez, bloquearon el paso con vehículos y alertaron a la Guardia Civil de Muñogalindo, que acudió al lugar.
Según testimonios recogidos desde la Plataforma 'No a la mina', dos geólogos de Cerro el Rocil informaron que habían comunicado "esa misma mañana" a los ayuntamientos sobre los permisos necesarios para llevar a cabo las catas. Sin embargo, una propietaria en El Mirón contradice esto al declarar que no dio su consentimiento. Debido a esto, los agentes instaron a la empresa a devolver las muestras recogidas. Sin embargo, muestras de otros municipios, como Becedillas y Malpartida del Corneja, fueron retenidas.
El permiso en cuestión otorga a la empresa el derecho de realizar 33 perforaciones de 130 milímetros de diámetro y 28 metros de profundidad. El objetivo principal es analizar la presencia de minerales industriales, como feldespatos, cuarzo y biotita.
Retrocediendo un año, el Servicio Territorial de Industria otorgó el permiso de investigación 'Polonia 1.152', afectando a una serie de municipios del Valle. A pesar de la oposición manifestada por ayuntamientos, asociaciones y más de trescientos particulares, el permiso se mantuvo. Actualmente, un recurso contencioso administrativo sigue pendiente de resolución.
El conflicto ha escalado con acciones legales. Ángel López, alcalde de Malpartida, denunció a Cerro El Rocil y a empresas colaboradoras tras identificar catas en su jurisdicción. Municipios como El Mirón y Becedillas también se preparan para presentar denuncias.
Olga Herrero, perteneciente a la Asociación Vive el Valle del Corneja, acusa a la empresa de "vulnerar la ley" al no obtener los permisos necesarios. Argumenta que la notificación a los ayuntamientos el mismo día de las operaciones no es procedente.
"A la gente de la zona para realizar las tareas cotidianas, relacionadas con la agricultura y ganadería, se les obliga a pedir permisos, presentar documentación, demostrar que son suyas sus propiedades... y estas personas se pasean por propiedades privadas, se llevan su tierra y ¿se permiten el lujo de salir impunes? Justo desde luego no lo es", afirma la plataforma en un comunicado en su página de Facebook.
Pero la perspectiva oficial es diferente. José Francisco Hernández, delegado territorial de la Junta, defiende que todos los trámites legales se han cumplido y subraya que "el sector minero es un sector protegido". Añade que, una vez finalizada la investigación, se evaluará si la empresa solicitará un permiso para explotar minera.
