La reducción y posterior congelación de los salarios mileuristas y de menos de mil euros de los trabajadores de las administraciones públicas, la congelación de las pensiones y la subida del impuesto directo del IVA son algunas de las medidas con las que el Gobierno pretende recomponer la economía. Sin embargo, estas medidas suponen auténticos torpedos contra la cada vez más frágil línea de flotación de la clase media trabajadora y los pensionistas. Ahora, el Gobierno vuelve a lanzarles otro torpedo más como es la supresión de las ayudas a la adquisición de viviendas de VPO. ¿Quiénes son los destinatarios de las viviendas de VPO?
El Gobierno, en una de sus argumentaciones para la supresión de dichas ayudas, alude que como alternativa a esta supresión se potenciarán las ayudas para el alquiler. A este respecto cabe preguntarse: ¿se referirá el Gobierno a las ayudas para el alquiler de aquellas viviendas que son propiedad de las autonomías, como es el caso de la Junta de Andalucía en El Puerto de Santa María? Aquí, una gestión precedida por la desidia, inoperancia, ineptitud e irresponsabilidad hicieron posible que un grupo de viviendas sólidas, amplias y prácticamente nuevas en su construcción, como fueron las de Santa Clara, se convirtieran en un auténtico gueto de chabolismo vertical, marginación y conflictividad social, para después de una gran sangría de los impuestos de los ciudadanos en continuadas reparaciones y tras una nefasta política de desalojos terminaron siendo demolidas.
Otro ejemplo de tan indolente gestión puede verse reflejada en la extrema degradación urbanística y social que se da en el grupo de las 55 viviendas sociales de la barriada de La Inmaculada. En este grupo de viviendas, aquellos vecinos que quieren cumplir con la corresponsabilidad del pago de su alquiler mensual llevan más de un año esperando que la Empresa de Suelo y Vivienda de la Junta de Andalucía (EPSA) les indique dónde y cómo tienen que hacer efectivo el importe de dicho alquiler.
En honor a la verdad hay que decir que la responsabilidad de la grave degradación urbanística y social que actualmente sufren las 55 viviendas sociales de La Inmaculada debe ser compartida por la pésima intervención del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, donde el alcalde no ha cumplido absolutamente nada de lo recogido en su programa electoral y el concejal de Vivienda se ha olvidado, incluso realizado actuaciones contrarias, de todo aquello cuanto decía, apoyaba y prometía antes de formar parte del equipo de Gobierno.
En fin, que tanto Junta de Andalucía como Ayuntamiento han sido incapaces de aprender de los errores del pasado, volviendo a poner con su deplorable gestión las cimentaciones y pilares para la creación de nuevos guetos de chabolismo vertical, marginación y conflictividad social en El Puerto de Santa María.
Y han tirado por tierra más de 20 años de trabajo que en favor del buen uso de la vivienda social y de la buena convivencia vecinal ha venido realizado de forma totalmente altruista esta entidad vecinal. ¡Decepcionante e indignante para cualquier voluntario altruista!
La culminación de tan nefasta gestión de la vivienda social de alquiler queda igualmente representada en la situación del grupo de las 80 viviendas sociales de Valdés.
Es sumamente probable que de seguirse con el lanzamiento de este tipo de torpedos contra la línea de flotación de la clase media trabajadora y los pensionistas, terminemos, como vaticinan eminentes economistas, “igual que algunos países de América del Sur”, con un sector social muy rico y un gran sector social muy empobrecido, incluidas las bolsas de exclusión social que pudieran formarse como consecuencia de los guetos creados por tan irresponsable ‘gestión’ de la vivienda social de alquiler.