El alcalde esteponero, David Valadez, ha dado una nueva vuelta de tuerca en su particular empeño porque el tesorero municipal, Félix Dominguez, no recupere su puesto en el Ayuntamiento.
Esta misma mañana, a primera hora, el de nuevo tesorero municipal por orden judicial accedia a su puesto de trabajo en las dependencias de Puertosol. En ellas no se encontraba su hasta ahora sustituto, al parecer como consecuenciade un permiso por visita médica. Tan sólo una hora más tarde fue notificado de un decreto de alcaldía por el que se le deniega su incorporación al puesto de trabajo. El argumento de Valadez para denegar el citado reingreso es que en el Ayuntamiento no hay constancia del auto del juzgado nº 3 de lo Contencioso de Málaga, si bien reconoce que el mismo fue aportado por el propio Domínguez mediante comparecencia ante el secretario municipal en el día de ayer.
A la vista de este inútil pulso a la justicia y teniendo en cuenta que esta medida solo permitirá a Valadez ganar un corto espacio de días, cabe preguntarse que temor se esconde tras esta decisión. A primera vista son varios los temas que se nos ocurren: el uso de los fondos de Patrimonio de Suelo es el más claro de todos ellos pero no el único.
Otra de las claves de esta decisión puede estar en el cobro por parte de la empresa municipal Empladus de las cuotas de urbanización de Punta Doncella a pesar de no estar la empresa autorizada para ello al ser ingresos de dominio público y, tal como quedó de manifiesto en el salón de pleno, la existencia de una cuenta ajena a la contabilidad de la que no se dió cuenta a los auditores de las empreesas municipales. Curiosamente, las mismas cuotas de urbanización permanecen pendientes de cobro en el departamento de recaudación sin que se haya procedido a su pase a la situación de ejecutiva dada la irregularidad del procedimiento seguido.
Fuentes jurídicas consultadas muestran su extrañeza por la decisión de Valadez ya que el Ayuntamiento no se opuso a la adopción de las citadas medidas cautelares, de la misma manera que podrían no haber sido notificados al no estar personados con procurador en el procedimiento.
La pelota está, pues, en manos del ya tesorero por auto judicial quién, en estos momentos, se encuentra reunido con sus abogados para interposición de aciones penales contra el alcalde esteponero.
Esta misma mañana, a primera hora, el de nuevo tesorero municipal por orden judicial accedia a su puesto de trabajo en las dependencias de Puertosol. En ellas no se encontraba su hasta ahora sustituto, al parecer como consecuenciade un permiso por visita médica. Tan sólo una hora más tarde fue notificado de un decreto de alcaldía por el que se le deniega su incorporación al puesto de trabajo. El argumento de Valadez para denegar el citado reingreso es que en el Ayuntamiento no hay constancia del auto del juzgado nº 3 de lo Contencioso de Málaga, si bien reconoce que el mismo fue aportado por el propio Domínguez mediante comparecencia ante el secretario municipal en el día de ayer.
A la vista de este inútil pulso a la justicia y teniendo en cuenta que esta medida solo permitirá a Valadez ganar un corto espacio de días, cabe preguntarse que temor se esconde tras esta decisión. A primera vista son varios los temas que se nos ocurren: el uso de los fondos de Patrimonio de Suelo es el más claro de todos ellos pero no el único.
Otra de las claves de esta decisión puede estar en el cobro por parte de la empresa municipal Empladus de las cuotas de urbanización de Punta Doncella a pesar de no estar la empresa autorizada para ello al ser ingresos de dominio público y, tal como quedó de manifiesto en el salón de pleno, la existencia de una cuenta ajena a la contabilidad de la que no se dió cuenta a los auditores de las empreesas municipales. Curiosamente, las mismas cuotas de urbanización permanecen pendientes de cobro en el departamento de recaudación sin que se haya procedido a su pase a la situación de ejecutiva dada la irregularidad del procedimiento seguido.
Fuentes jurídicas consultadas muestran su extrañeza por la decisión de Valadez ya que el Ayuntamiento no se opuso a la adopción de las citadas medidas cautelares, de la misma manera que podrían no haber sido notificados al no estar personados con procurador en el procedimiento.
La pelota está, pues, en manos del ya tesorero por auto judicial quién, en estos momentos, se encuentra reunido con sus abogados para interposición de aciones penales contra el alcalde esteponero.
