Todas las comunidades autónomas han preferido reservar su última palabra sobre el modelo de financiación presentado el martes por Solbes y Ocaña, y únicamente el PP por boca de Rajoy y Montoro han expresado su crítica abierta a este nuevo sistema con elementos correctores sobre el anterior. Montoro ha justificado que incluso las comunidades con presidencia del PP hayan acogido satisfactoriamente el proyecto, por cuanto les va a mejorar el dinero que perciben del Estado, una serie de impuestos que permitirán cubrir el noventa por ciento de los gastos autonómicos.

En efecto, la casi totalidad de los recursos autonómicos serán impuestos, aunque los gobiernos locales tendrán carta blanca para gestionar tales tributos: 50 por 100 de IRPF y del IVA y 58 por 100 de los impuestos sobre gasolinas y tabaco. Es decir, que todas las autonomías dispondrán de más dinero, pero será a costa de que no lo tenga el Estado, o de que éste se endeude más y más. Ha estimado el Gobierno que, por virtud del nuevo modelo de financiación autonómica, el déficit del Estado podría aumentarse en un punto porcentual. Pero ya se sabe que, con la crisis económica y financiera, la anterior obsesión por la anulación del déficit público ha quedado aparcada y sin validez...

Porque es cierto que cada parlamento regional podrá modificar las tarifas de los impuestos e introducir deducciones, pero ya se ha visto el escaso apego de los gobiernos y parlamentos autónomos a asumir esa clase de responsabilidades de coste en imagen. Naturalmente, también hay comunidades insatisfechas, y a quienes, de antemano, todo parecerá poco.

Por más que se insista en que este plan prime, en particular, a las autonomías más ricas, Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares, particularmente. Es el caso de Cataluña, cuyo consejero Castells se ha convertido en la representación de la voracidad  ilimitada, –admite que hay avances, pero insuficientes–  y que se ve respaldado por los nacionalistas de Convergencia y por la izquierda republicana de Carod, las cesiones no terminan de verse saciadas.¿Pero lo estarían en alguna situación o toda cesión sería siempre insuficiente y criticable? Eso parece lo más probable. Cataluña protesta pese a ser la más beneficiada, y pese a que el modelo, en buena medida, respeta y hasta plagia lo que propone el Estatuto catalán aún no aprobado por el Tribunal Constitucional, después de dos años de deliberaciones.

Por lo demás, todas las comunidades y sus gobiernos están a la espera de dar su opinión última una vez que la filosofía del problema esté revestida de cifras y porcentajes, y aún más, de cifras comparativas con los dineros que se han venido percibiendo en los seis años como efecto del modelo que se pretende reinventar ahora.
En cuanto al Gobierno, da la impresión de haberse visto liberado de su oneroso compromiso de dar a conocer el modelo antes de que terminara el año 2008.

Ya contaba de antemano con la resistencia catalana y la del PP, de distinta naturaleza, pero coincidentes en las críticas.  Pero razonan: peor hubiera sido que nos aplaudieran todos los partidos nacionalistas y PSC catalán, porque eso significaría que la rendición del Estado habría sido total, y no habría dinero para nadie más. Y en cuanto al PP, también admiten la queja: el partido y sus dirigentes nacionales han quedado marginados por las opiniones que expresan cada uno de los gobiernos regionales, todos los cuales se verán en mejor situación de la que disfrutaban con el modelo Aznar de 2002.