La Guardia Civil ha liderado una operación internacional contra la pesca ilegal en aguas contaminadas en la que han sido intervenidas 30 toneladas de moluscos y 6 de angulas por un valor superior a los 10 millones de euros en el mercado negro.

Se trata de una investigación conjunta con Francia y Portugal en la que han sido detenidas 62 personas, 19 de ellas en España, y están siendo investigadas ocho empresas del sector, informa la Dirección General de la Guardia Civil.

Las organizaciones investigadas pescaban principalmente almeja japonesa, muy apreciada por los consumidores, y falsificaban la documentación de los moluscos recolectados en zonas contaminadas para presentarlos como aptos para el consumo humano.

Posteriormente los ejemplares eran vendidos directamente a los establecimientos hosteleros para evitar así los procesos de depuración exigidos para su venta.

La posibilidad de absorción de esta variedad, mediante el proceso de filtrado natural del agua por parte del molusco en su proceso de alimentación, conlleva un riesgo evidente para la salud pública, en tanto que el consumo continuado de moluscos contaminados puede derivar en riesgo de enfermedades graves como la hepatitis, advierte la Guardia Civil.

Aunque la mayoría de las empresas destinatarias se encontraban en España todos los moluscos provenían del marisqueo furtivo existente en la costa de Portugal, concretamente de zonas de pesca restringida y prohibida debido a las altas concentraciones de contaminantes existentes en sus aguas.

Las investigaciones destaparon además que algunas de las organizaciones implicadas también estaban traficando con angulas en Portugal, España y Francia.

Durante el avance de las pesquisas los agentes descubrieron y desmantelaron una red delictiva dedicada a la pesca furtiva, la recolección y el contrabando ilegal de angulas.

Al mismo tiempo los agentes determinaron que estos bivalvos eran importados desde Portugal desde empresas intermediarias afincadas en España que no realizaban las descontaminaciones oportunas ni la depuración del producto.

Las compañías comercializaban el producto sin las preceptivas condiciones sanitarias e higiénicas y falsificaban la documentación desde el origen con el objetivo de perder la trazabilidad del producto.

La mayoría de los furtivos procedían de países asiáticos y cobraban un euro por kilo de molusco pescado. En el mercado de marisco este producto alcanza hasta 25 euros por kilo.

Además los investigadores han detectado que algunos de los implicados podrían haber incurrido también en actividades de tráfico de seres humanos y explotación laboral.

En la operación han participado, además del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, la Gendarmería francesa y el Servicio de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal junto con la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica de este mismo país.