En 1989, los ayuntamientos de Lepe, Aljaraque, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Moguer, Punta Umbría y San Juan del Puerto aunaron esfuerzos para modernizar sus infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración. Sus redes, obsoletas, eran incapaces de responder a la demanda cada vez mayor del turismo, fundamentalmente. Fue el nacimiento de la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva y, con ella, de su empresa pública de gestión, Giahsa.
Por su parte, la Mancomunidad de Aguas del Condado presentaba en sus inicios un funcionamiento autónomo del de los propios ayuntamientos. Nació como Agrupación Intermunicipal en 1980 y nueve años más tarde, en 1989, se constituye como Mancomunidad, fundada por los municipios de Almonte, Rociana y Bollullos, con la aprobación de los estatutos. Durante esta primera etapa, la presidencia era rotatoria. En 1991 se integran los restantes municipios que la conformaron hasta su disolución, en 2009: Almonte, Bollullos del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Niebla, Paterna del Campo, Rociana del Condado, Villalba del Alcor y Villarrasa.
La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), después de un complejo proceso administrativo que se prolongó por espacio de casi dos años, echó a andar legalmente el 1 de enero de 2010, con el respaldo de 69 municipios, fusión de las dos anteriores mancomunidades. En 2014 están integrados 65 de los 78 de la provincia de Huelva. En 2016, con la reincorporación de Gibraleón a la Mancomunidad, se suman 66 municipios. Tras la incorporación de La Zarza-Perrunal en 2019 y de San Juan del Puerto y Tharsis en 2023, son 69 los municipios integrados.
Han pasado 36 años y la MAS vive una auténtica paradoja: tiene más miembros que nunca pero su futuro está en el alambre, con una paz social rota y una puerta abierta a la salida ‘a medias’ de los municipios, lo que puede generar un desequilibrio que puede acabar con la mancomunidad tal y como estaba planteada.
A lo largo de las últimas tres décadas, el espíritu de solidaridad ha reinado en la MAS y en Giahsa. La idea es clara: la participación de tantos municipios equilibra la balanza, de manera que los pequeños se benefician de la incorporación de los grandes.
Sin embargo, las últimas incorporaciones -y las concesiones a Almonte- han creado un precedente peligroso. Así, la entrada de Cartaya -en el mes de julio- y de La Palma del Condado y Palos de la Frontera –la pasada semana- solo con el ciclo del agua en alta, ha abierto la puerta a que otros municipios se estén planteando sacar su ciclo de agua en baja de la Mancomunidad y ceder su gestión a una empresa privada.
El problema es que los municipios pequeños difícilmente pueden tener esta opción, pues no son un reclamo de negocio para las empresas de agua privadas. El desequilibrio sería ya total.
El PSOE ya ha alertado de este extremo. El alcalde de Bonares y portavoz de los ayuntamientos socialistas en la MAS-Giahsa, Juan Antonio García, indicaba el pasado viernes que “el PP ha roto el pacto que teníamos por el agua, ha roto este modelo solidario que teníamos, donde ayuntamientos grandes y pequeños participábamos para que fuéramos todos iguales”, toda vez que ha lamentado que “lo que han conseguido es crear precedentes para que haya otros muchos ayuntamientos que quieran hacer lo mismo” porque “cómo va ahora a consentir un ayuntamiento que otro que no ha incorporado absolutamente nada, ningún valor, ahora tome decisión sobre mis tarifas o sobre cualquier cuestión que repercuta a mi propio ayuntamiento”.
Al respecto, García considera que se puede dar la situación de que otros ayuntamientos decidan hacer “lo mismo” y “quedarse con el agua en alta y con los votos para poder opinar y decidir y llevarse el agua en baja al mejor postor, a quien más pague”, lo que haría “inviable” que “se siguiera prestando los servicios que se están prestando con la calidad que todos queremos y haría inviable el mantenimiento de los puestos de trabajo que en estos momentos hay”.
“Eso es lo que nos preocupa a todos los ayuntamientos del PSOE y por eso queremos informar a toda la provincia de lo que se está llevando a cabo y cómo se está realizando”, añadió García.
Por contra, desde la MAS, controlada por el PP, ven muy positivas las últimas incorporaciones, que elevan a 73 el número total de municipios y núcleos integrados en la MAS, “consolidándola como el mayor ente supramunicipal de la provincia" en la gestión del ciclo integral del agua y la recogida de residuos.
Así, el presidente de la MAS, Diego del Toro, ha expresado su “satisfacción” por estas nuevas incorporaciones, subrayando que “seguimos consolidando un proyecto provincial que abre sus puertas a todos los municipios con el fin único de ofrecerles las mejores vías y los servicios más adecuados”. Del Toro también ha destacado “el esfuerzo que se está realizando desde la Mancomunidad y desde Giahsa para fortalecer, renovar y modernizar los servicios, asegurando la viabilidad económica y operativa del proyecto en todos los municipios adheridos”.
La situación se complica aún más, pues la incorporación de Cartaya está ahora en manos de la Justicia, después de que el PSOE presentara un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Provincial. Idéntico recorrido parece que tendrán las adhesiones de Palos y La Palma, dado que el PSOE ve difícil que prospere el recurso de reposición contra el acuerdo plenario en el seno de la mancomunidad.
Llegan nubarrones a la histórica mancomunidad onubense que, no obstante, ha salido airosa otras veces de crisis internas. El tiempo dirá qué pasa esta vez.
