Con esta denuncia se pretende que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad garanticen el cumplimiento de los autos del juzgado, toda vez que el simple conocimiento de ellos no ha logrado parar totalmente las obras. Gamero ha remitido para ello pruebas documentales y actas notariales que reflejan los incumplimientos de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.
Gamero Albarrán consideró incomprensible que ante la situación a la que se ha llegado no se esté haciendo nada desde la Junta de Andalucía, mientras que sus clientes siguen luchando por defender unos derechos que se han visto vulnerados y que lo siguen siendo al no cumplirse las resoluciones judiciales y no llegarse a ningún acuerdo económico para desbloquear el tema.
Esa falta de voluntad por parte de la Junta es la que ha hecho, según el abogado, que la situación haya llegado hasta el momento actual, la más distante desde el inicio, toda vez que la ilegalidad del proyecto ha puesto a los expropiados en una situación de fuerza a la que la Junta se opone.
La diferencia entre lo que ofrece la Administración a los expropiados es una quinta parte de lo que los expropiados piden ahora, aunque se advierte desde esta parte que la petición inicial de alrededor de 700.000 euros debería tomarse como un punto de partida de la negociación antes que como un ultimátum.
Que medie el alcalde
El portavoz del grupo municipal socialista, Fernando López Gil, ha entrado de lleno en la polémica manifestando que no se explica cómo se ha llegado a esta situación de enquistamiento, culpando a ambas partes de no llegar a un acuerdo en un proyecto cuyo parón -al menos sobre el papel- perjudica a todos los ciudadanos de San Fernando.
López Gil entiende que el alcalde de San Fernando, José Loaiza, debería de mediar entre las dos partes para intentar llegar a un punto de encuentro “en vez de dedicarse a criticar a la Junta de Andalucía, porque el que es alcalde lo es para lo malo y para lo bueno”.
