Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, ha negado este miércoles haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o empresas patrocinadoras para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020.
Fuentes jurídicas aseguran a Europa Press que así se ha pronunciado Álvarez en su declaración como investigada, en la que ha ejercido su derecho a contestar únicamente a su abogado y no se ha extendido por más de 10 minutos. Su comparecencia se enmarca en la causa en la que se investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Álvarez ha sido la primera en comparecer este miércoles en una tanda de interrogatorios que incluye a otras seis personas, todas testigos: otro cargo de Presidencia, dos de la Complutense, y los representantes de Google, Indra y Telefónica.
Según las fuentes consultadas, el abogado de Álvarez --el letrado José María de Pablo-- ha preguntado a su representada si hizo alguna gestión relacionada con la cátedra de la UCM antes de la firma del convenio de creación suscrito en octubre de 2020, en referencia a contactos, correos o reuniones.
Álvarez ha asegurado que antes de dicha firma ni pidió ni influyó sobre ningún trabajador de la Complutense ni de ninguna empresa patrocinadora --como Reale o Google-- para obtener nada, ni para ella ni para Gómez, al tiempo que ha insistido en que no se prevalió de su cargo para ninguna solicitud.
Además, la asesora de Moncloa ha señalado que no conocía a nadie de la UCM o de las empresas patrocinadoras antes de la firma del convenio para la creación de la cátedra al que ha hecho referencia.
Antes de empezar la declaración, la defensa de Álvarez ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, que se le informase formalmente de por qué se le investigaba en este caso. La comparecencia se ha retrasado unos minutos porque ha acudido presencialmente a la secretaría del juzgado para ser informada y, posteriormente, ha vuelto a la sala para el interrogatorio.
SU DEFENSA RECURRIÓ LA IMPUTACIÓN
Cabe recordar que en diciembre, al declarar como testigo, Álvarez explicó que se le había nombrado asesora para ayudar a Gómez con temas oficiales y privados. Señaló que la conocía desde hacía tiempo, que ella misma le había contactado para que trabajase en Moncloa como su persona de "confianza" y que no pasó por ningún proceso selectivo.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, Álvarez reconoció haber enviado y recibido 'emails' relacionados con las actividades privadas de Gómez porque estaba a cargo de su agenda; también aseguró que había mantenido conversaciones con cargos de la UCM. Todo ello después de que se creara la cátedra.
En el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, consta un correo de octubre de 2022 en el que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM informan a Álvarez de cómo registrar el dominio de la página web del máster. Dicho correo fue enviado también a la Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva.
Aunque en ese caso Álvarez aparecía en copia con un 'email' de una cuenta personal, en una cadena de correos recogida en el sumario figura con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno. En otro 'email' se refleja que también trasladó a Reale en febrero de 2024 el interés de Gómez en que la empresa siguiera patrocinando la cátedra.
En un principio, el juez descartó imputar a Álvarez, pero este febrero cambió su situación procesal para investigar su presunta participación en hechos que podrían ser constitutivos de delitos. Es la cuarta persona imputada tras declarar como testigo en el marco de esta causa: lo mismo le pasó al empresario Juan Carlos Barrabés, al rector de la UCM Joaquín Goyache y al directivo del IE Juan José Güemes.
La defensa presentó un recurso contra la decisión del juez al considerar que éste le tendió "una trampa" al utilizar su declaración como testigo para imputarla.
CARGO UCM DICE QUE PUSO EN COPIA A ÁLVAREZ POR TEMAS DE AGENDA
Además de Álvarez, este miércoles también han comparecido --pero en calidad de testigos-- otras seis personas; dos de ellas, personal de la Complutense: la interventora María Elvira Gutiérrez-Vierna y la entonces coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva de la UCM Blanca María de Juan.
La interventora, que redactó un informe en el que se cuestionaba la contratación de una empresa para la cátedra de Gómez, ha explicado que se puso objeción a una factura por falta de documentación, según las fuentes consultadas.
Por su parte, la excoordinadora ha explicado que a veces llegó a poner en copia a Álvarez en los correos electrónicos enviados a Gómez. Con todo, ha apuntado que lo hacía porque la asesora estaba interesada en los temas de agenda de la esposa de Pedro Sánchez para coordinar su seguridad.
Además, De Juan ha negado haber recaudado fondos para la cátedra y haberse reunido con Barrabés. Preguntada sobre quién le propuso para el cargo de coordinadora, ha asegurado que fue la propia Begoña Gómez.
INDRA Y GOOGLE, EL 2 DE ABRIL
Asimismo, estaban citados los directores ejecutivos de Google y de Indra. Según las fuentes consultadas, ninguno de los dos ha podido declarar porque no han acreditado sus cargos en ambas compañías. El juez ha pospuesto sus comparecencias para el próximo 2 de abril.
Por su parte, Sergio Osle, consejero delegado de Telefónica --una de las empresas que financió el software--, sí ha declarado. El último en declarar ha sido, Alfredo González, que en julio de 2018 era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno y --según el juez-- habría propuesto el nombramiento de Álvarez.
El excargo de Moncloa ha explicado que no conocía previamente a la ahora investigada y que en esa época el Gobierno tramitó cerca de un centenar de nombramientos. Según ha relatado, alguien le facilitó la propuesta y el le dio curso.
