El juez que investiga por presunta revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado prorrogar por seis meses la instrucción dado que al desaparecer la información que se buscaba en el registro del despacho se ha tenido que desplegar una investigación tecnológica de "no poca complejidad" que ha derivado incluso en solicitar comisiones rogatorias a Irlanda.
"Durante la práctica de la diligencia de entrada y registro realizada el 30 de octubre de 2024 en el despacho del investigado, Álvaro García Ortiz, se contó con su total colaboración, las diligencias practicadas han puesto de relieve que ha sido inexistente en orden al esclarecimiento de los hechos, por cuanto que, al haber hecho desaparecer la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos, ha debido ser suplida mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad", resalta el magistrado Ángel Hurtado en un auto recogido por Europa Press.
Añade que la prórroga es necesaria dado que se está a la espera del resultado de esas comisiones rogatorias "cuya respuesta es previsible que no llegue con anterioridad al próximo 24 de marzo de 2025", y dado que "a resultas de lo que ellas aporten, pudiera ser necesario la práctica de alguna otra diligencia de investigación más".
En la resolución, el magistrado señala que el plazo para la prórroga se computará a partir del próximo 24 de marzo si bien recuerda que el primer plazo para concluir la investigación en las presentes diligencias previas, que se incoaron por auto de 30 de octubre de 2024, se extendería hasta el 29 de octubre de 2025.
LA "COMPRENSIBLE CAUTELA" DE LAS PARTES
Pese a este dato, agrega que es comprensible la cautela de las distintas partes que solicitaban la prórroga y que se remiten a la fecha de incoación de las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, el 1 de abril de 2024, o a la fecha de registro en este Tribunal Supremo de la querella formulada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el 24 de marzo de 2024.
El juez recuerda que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la posibilidad de acordar prórrogas sucesivas a la inicial de un año si no es previsible finalizar en ese año la investigación, lo que entiende que sucede en la causa.
Indica que Manos Limpias fue quien pidió la prorroga y que a esa petición se adhirió la Fundación Foro Libertad y Alternativa. Tras ellos, el 27 de febrero lo pidió también la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y tras ellos lo hicieron las representaciones legales de la pareja Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador; de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; y de García Ortiz.
