En un comunicado, Jiménez ha explicado que esta medida servirá para aliviar "la precaria situación" de las arcas municipales de muchos ayuntamientos que dejan de ingresar "grandes cantidades de dinero debido a que los edificios de titularidad religiosa tienen exenciones del IBI".
Además, el grupo municipal de IULV-CA reclamará, a través de esta iniciativa, que el Ayuntamiento realice un censo en la ciudad de Huelva de los bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, que son propiedad de la iglesia católica y de otras confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines.
Según ha destacado Jiménez, el déficit público y la caída de la actividad económica son consecuencias de una "inadecuada gestión de las instituciones públicas y del expolio desarrollado por los mercados, los especuladores y los bancos", a lo que hay que añadir la permisividad para la circulación de dinero negro y del enorme fraude fiscal existente.
Asimismo, ha apuntado que las consecuencias de esta situación recaen "únicamente sobre las espaldas" de la ciudadanía con "el incremento del paro, la bajada unilateral de salarios y la pérdida de derechos sociales". Ante esto, Jiménez ha remarcado que "esta situación se agrava con las exenciones fiscales de las que disfrutan diversas entidades, en especial la iglesia católica que deja de ingresar dinero en las arcas públicas a pesar de poseer una gran cantidad de bienes inmuebles". Por ello, Izquierda Unida pide que se eliminen estas exenciones como una medida para "garantizar la justicia social".
Por último, Izquierda Unida solicita también en esta moción que el Ayuntamiento de Huelva inste a las Cortes Generales a que se deroguen los acuerdos del Estado con la Santa Sede, ya que "esta entidad religiosa los incumple, y se obligue a la iglesia católica a autofinanciarse con sus propios medios, eliminando además la casilla de la que dispone en la Declaración de la Renta, para recibir una parte del IRPF".
Además, el grupo municipal de IULV-CA defenderá otras dos mociones en pleno para crear una oficina municipal de apoyo a las personas y familias afectadas por desahucios por no poder pagar sus deudas hipotecarias, y para que la Gerencia Municipal de Urbanismo no se cierre tal y como está previsto en el Plan de Ajuste recientemente aprobado por el gobierno local del PP.
