Quiénes dicen que ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, comunidades autónomas y demás organismos oficiales se han convertido en “grandes empresas ruinosas”, hablan de política de austeridad.
Dicen que la Administración crece de una manera desorbitada y la sociedad se resiente al soportar una carga excesiva de impuestos para pagar nóminas y que la maquinaria administrativa ahoga las iniciativas ciudadanas.
Cuando en una familia los gastos superan con creces los ingresos, se necesita salir de esa situación, acudiendo a la racionalización de los gastos y administrando los ingresos de manera eficiente. En lo público hay que actuar igual. De lo contrario, tendrían sentido aquellas expresiones “disparar con pólvora ajena” y “el dinero público no es de nadie”. Muy al contrario, el dinero público es de todos y quiénes roban lo público, roban a todos.
Una conciencia humana recta no quedará tranquila hasta no devolver lo robado.¿Quién puede comprender que a alguien, acusado de apropiarse de dinero público, se le deje en libertad por pagar una fianza con parte del mismo dinero que se le cuestiona? Don dinero no debe constituirse en tapadera y defensor de la injusticia.
Tampoco se debía admitir especies de axiomas, como “el poder corrompe” ya que favorece que la sociedad vea como normal que quien “anda con miel se chupa los dedos”.
Hay quiénes piensan que, por austeridad, habrá que recortar empleos en el sector público. Afirmar esto podría ser una falacia. Si comparamos España con Suecia en cuanto al porcentaje de empleo público en sanidad, educación, servicios sociales, ayuda a la dependencia, escuelas de infancia, vivienda social, inspectores de hacienda etc. España tiene un 9% y Suecia un 25% de empleo público. Con ese porcentaje, España debería crear cinco millones de puestos de trabajo público. Precisamente los cinco millones de parados que existen.
Alguien me puede preguntar de dónde sacar el dinero. Suecia obtiene los 200.000 millones de Euros para esos cinco millones de puestos de trabajo de su sistema fiscal. En España el fraude se calcula entre 40.000 y 80.000 millones de Euros. Además una gran fortuna española tributa el 20% de lo que paga una fortuna sueca. Las grandes empresas españolas sólo pagan el 10% de sus beneficios y los multimillonarios que gestionan sus ingresos mediante las Sicav (sociedad de inversión de capital variable) sólo pagan el 1%.
España era uno de los países que creaba más empleo y con la crisis el que más ha crecido en tasa de paro. El déficit se cifraba primero en 15.000 millones y después en torno a 40.000 millones de Euros. Se habla de “ayudar a la pequeña y mediana empresa” porque genera más empleo pero necesitan créditos y los bancos están para eso. No obstante, el 87% de las pymes en 2011reconocían tener dificultades para obtener créditos.
El 20% de la población mundial disfrutaba del 80% de la riqueza. Ahora se dice que el 1% se apropia de la riqueza mundial. En España el 0,0035 por ciento de la población controla recursos por valor del 80,5 % del PIB. Unos buenos servicios necesitan una adecuada justicia social.
