Cuando el pasado 16 de noviembre pudimos leer en el BOE el nuevo Decreto-Ley que aprobaba una moratoria hipotecaria de 2 años para familias con riesgo de exclusión social, muchos hipotecados se sintieron aliviados. Todavía no habían visto "la cara oculta" de esta medida que finalmente solo ayudará a unos 120.000 casos. Conozcamos sus puntos negros:
1. Esta ley evitará que las familias estén en la calle esos 2 años pero no que los bancos se queden con sus casas, ya que lo único que dice el texto es que "no procederá el lanzamiento", o sea, el desahucio, pero nadie está hablando de parar el procedimiento judicial que acabará quitándole la propiedad al moroso
2. Solo se ayudará a los casos que ya estén inmersos en el proceso judicial, es decir, que dejaron de pagar hace meses y a los que todavía no se les haya echado de su casa: "Esta norma será de aplicación a los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento”.
3. Desde que el banco dé inicio al proceso judicial hasta que efectivamente se quede con la vivienda, el hipotecado no habrá dejado en ningún momento de acumular intereses de demora (ver ejemplos de cuánto se puede acumular en 1 y 2 años sin pagar).
En resumen, el banco se seguirá quedando con las casas, solo se podrán acoger a la medida las personas cuya ejecución haya empezado antes del 16 de noviembre de 2012 y el hipotecado pagará antes o después todos los intereses de demora correspondientes, exactamente igual que antes de la aparición de la nueva ley.
Algunas asociaciones como ADICAE, ASGECO o PAH y otros colectivos como Jueces para la Democracia ya se han manifestado públicamente en contra de lo que consideran una Ley arbitraria e incompleta que no resuelve el problema de fondo y ni siquiera soluciona la actual problemática social.
Por su parte, el ministro de Guindos ha declarado que "estamos abiertos a la toma de nuevas medidas y queremos llegar al mayor consenso posible” aunque lo único cierto es que todavía no se ha hecho ni anunciado ninguna reforma a esta medida que las malas lenguas acusan de ser la única que los bancos estaban dispuestos a aceptar.
Como quizá único punto esperanzador, cabe citar los últimos comentarios de la agencia de calificación Fitch, recogidas por Europa Press: “A medida que la recesión económica continúe en España, la presión política para limitar la aplicación de la legislación hipotecaria probablemente aumentará”, con lo que podrían aparecer “nuevas iniciativas”.
