Pienso que las sociedades democráticas actuales requieren formas renovadas de participación de los ciudadanos en la vida pública, no en vano a uno le entusiasma el espíritu democrático porque deja rienda suelta a las energías de todo ser humano. Evidentemente, nuestro modelo político de organización territorial español, el Estado autonómico, que hasta ayer pudo servirnos, hoy parece crear ciertas discrepancias y generar no poca tensión entre algunos ciudadanos. Téngase en cuenta, además, que la vida en un sistema político democrático no puede llevarse a buen término sin la participación de toda la ciudadanía, de manera responsable y también generosa, para llegar a los consensos.
En este sentido, un grupo de intelectuales andaluces, casi todos ellos del ámbito universitario, en su mayoría especialistas en Derecho Constitucional, encabezados por el catedrático Gregorio Cámara Villar, acaban de presentar, a mi juicio, un interesante estudio sobre la reforma federal del Estado Autonómico, que bien merece cuando menos conocerse y debatirse, dado el momento de desconcierto que algunos territorios como Cataluña han activado con su consulta soberanista.
Ciertamente, los españoles nos encontramos en un momento complejo, con una fuerte crisis de valores, añadido a un grave desempleo, que debe hacernos reflexionar. La legítima pluralidad de opciones han de concluir en un compromiso claro de protección de los derechos de cualquier ciudadano. Por tanto, considero que la opción de oponerse por principio a todo, para nada beneficia el espíritu democrático. Precisamos avanzar, y en democracia el avance ha de ser en igualdad y, por supuesto, desde una visión libre y responsable. Hay unas exigencias éticas fundamentales para el bien común de la ciudadanía que han de considerarse en cualquier Estado, pero una vez considerado este espacio, creo que se precisa aglutinar la pluralidad de voluntades de las diversas nacionalidades y regiones, para todos unidos, como país, caminar hacia ese interés general, en el que todos hemos de tener voz para sentirnos adheridos al proyecto de Estado democrático de Derecho.
Este grupo de trabajo, en mi opinión más técnico que político, apunta una serie de interrogantes sobre ciertas lagunas del estado autonómico en el momento actual. El Senado, pese a caracterizarse por ser una Cámara de representación territorial, no puede cumplir con su objetivo, porque falla lo básico, como es el modo de elección y de designación de los representantes. Lo mismo sucede con el modelo de distribución de competencias, genera insatisfacciones, confunde a la ciudadanía, siendo fuente permanente de conflictos. En cuanto a la autonomía local, tampoco hay una línea clara de discernimiento, lo que propicia un caos entre unos municipios y otros. Por otra parte, súmese a este desconcierto la falta de una "cultura política" de colaboración entre instituciones.
Al igual que las democracias no nacen de un día para otro, necesitan tiempo para consolidarse y un trabajo permanente, donde el diálogo inclusivo es crucial y la diversidad un factor positivo, asimismo la organización territorial recogida en la constitución debe avanzar para poder salir de las posibles situaciones de agravios y conflictos entre municipios, provincias o las propias comunidades autónomas en la gestión de sus respectivos intereses. Sin duda, hoy en día, en este país, hay una sensación de fracaso del Estado autonómico del que debemos salir cuanto antes, ya sea mediante reformas constitucionales, (las precisas y necesarias desde el consenso siempre), o desde planteamientos más federalistas. Algo habrá que hacer, puesto que este modelo de organización territorial ha quedado arcaico, y es imposible así alcanzar eficacia y eficiencia para mejorar los servicios a la sociedad.
El catedrático constitucionalista, Gregorio Cámara Villar plantea un federalismo sin complejos, que responda a una concepción profundamente democrática del Estado, suponiendo un modelo elástico y vivo de gobierno plural y multinivel, de autogobierno y gobierno compartido. Se trata, en cualquier caso, de conciliar la unidad de un país con la autonomías de sus nacionalidades y regiones, la igualdad con la pluralidad, el sentido de Estado con el bien general que repercutirá en su ciudadanía. Como dicen los autores de la reforma federal del Estado Autonómico, el modelo tiene que ser integrador, y este punto de partida que ellos ofrecen, a mi manera de ver, puede servir para generar un debate sosegado y profundo sobre la cuestión. Sin duda, es un espacio para la reflexión que no debemos desaprovechar los españoles. Desde luego, hay que despojarse de partidismos y tomar otras perspectivas de constitucionalización de nuestro modelo territorial del Estado, quizás mejor estructurado, para que se pueda seguir avanzando en la igualdad entre los ciudadanos desde el respeto a la diversidad.
Para este grupo de constitucionalistas, el Estado autonómico, hoy carece de suficiente legitimidad como fórmula de integración. Para ellos, el Estado Federal tiene que ser punto de partida. O lo que yo entiendo, punto de esperanza, por lo que conlleva de encuentro. Personalmente, estimo, que no podemos malograr los progresos democráticos de que todos los españoles tengan, -como se reconoce en la Constitución-, los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Tampoco podemos cerrarnos a las propuestas democráticas, que todas deben ser discutidas y examinadas libremente. Pese a la complejidad y a las diferencias de modelos entre los Estados federales, resalta la evidencia -sostiene Gregorio Cámara Villar- "de que los países de más éxito y estabilidad política son federales. Baste mencionar los casos de Estados Unidos, Canadá y Australia y, en Europa, de Alemania o Suiza".
Bajo esta línea de renovación, que es también una convicción mía, los ciudadanos tenemos el derecho de que las instituciones cada día funcionen mejor y sirvan a los intereses de toda la ciudadanía y no únicamente a ciertos objetivos económicos. El ídolo de la ganancia a toda costa nos ha cegado cualquier reflexión. Es preciso que todos los ciudadanos, sean plenamente conscientes de sus derechos y también de sus responsabilidades, sabiendo que una gobernanza democrática efectiva mejora la calidad de vida de sus pueblos.
