El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, ha valorado el esfuerzo del Gobierno andaluz “para hacer frente al paro y estimular la economía, mantener la cobertura social a los más necesitados y apostar por el empleo, la educación y la sanidad como pilares básicos, porque estas son también las necesidades de los ciudadanos”.
En este sentido, ha destacado la puesta en marcha del Plan de Choque por el Empleo, por el cual se destinan, computando los fondos del primer Plan OLA, 29,1 millones de euros a proyectos de iniciativa pública para paliar los efectos del empeoramiento del mercado laboral. Estas acciones se dirigen a los colectivos más afectados por la crisis, con especial atención a las personas desempleadas de larga duración y con cargas familiares que han agotado las prestaciones económicas.
El plan apuesta por la mejora de las infraestructuras y los equipamientos educativos públicos; la generación de 'empleo verde' en el medio rural a través de proyectos de mejora de caminos y de infraestructuras forestales y agrarias, y el impulso a la rehabilitación de viviendas, lo que se ha traducido en que “300 personas están ya trabajando gracias al Plan de Choque por el Empleo implementado la Junta de Andalucía en Huelva para este año y más de un 30% de las medidas ya se encuentran en ejecución”.
También en materia de Empleo, ha recordado la convocatoria del mayor concurso de minería metálica organizado en la historia reciente de la comunidad autónoma. Se trata de 40 derechos correspondientes a la provincia de Huelva, que abarcan 32.200 hectáreas de 14 municipios. El objetivo radica en aprovechar el incremento de la demanda de metales no férreos, como el cobre, y el consiguiente aumento de los precios del material. “Han sido seis las empresas que han solicitado una cuantía total de 27 derechos: Minas Aguas Teñidas S.A., Corporación de Recursos Iberia S.L. Emed Tartessus S.L.A., QBIS Resources S.L, Minera de la Faja Pirítica S.L, y Cambridge Minería Española S.L”, ha subrayado el delegado.
Otro de los grandes proyectos que repercutirá de manera favorable en la generación y mantenimiento de empleo es el inicio reciente de las obras de abastecimiento al Condado, con el fin de garantizar el abastecimiento urbano de las poblaciones que conforman esta comarca y que contribuirán a reducir la presión sobre el acuífero Almonte-Marismas. Estas obras, con un presupuesto de más de 16 millones de euros, refuerzan la garantía de abastecimiento de agua de calidad a 81.000 habitantes de los 13 municipios que componen la comarca, y supondrán la creación de 260 empleos, entre puestos de trabajo directos e indirectos.
A esta actuación se suman otras en materia de aguas iniciadas o reto-madas durante este año que suponen una inversión global de más de 46 millones de euros: la modernización y mejora de elementos e instalaciones de comunicación para situaciones de emergencia en la presa del Andévalo y Chanza; la Estación de Depuración de Aguas Residuales de La Antilla, la estación de bombeo de pluviales del Puerto Deportivo de Isla Cristina y el aliviadero de pluviales de esta localidad. Además, la Junta comienza esta misma semana la tramitación para el inicio o la continuación de otras actua-ciones en materia de aguas con una inversión asociada global de alrededor de 7 millones de euros. En concreto, se trata de obras relativas al colector y la EDAR de Puebla de Guzmán, la estación depuradora y concentración de vertidos en Zalamea la Real, así como el colector Este a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales y el colector general a la EDAR de Mazagón.
Para este año 2013, la Junta invertirá en el Programa de Fomento del Empleo Agrario 3,6 millones de euros –la misma partida que en 2012-, con los que se adquirirán los materiales para el trabajo en las obras; programa que generará más de 5.000 empleos. El plan de empleo rural es una herra-mienta fundamental para paliar los efectos del paro en el mundo rural andaluz y para el desarrollo de los medios y pequeños municipios.
La puesta en marcha del Plan de Acción Turística para 2013, que incluye acciones específicas para reforzar la promoción de la provincia onubense como destino en los principales mercados emisores, incluye un conjunto de actuaciones directas e inversas, tanto las previstas por la Consejería de Turismo y Comercio como las propuestas por el Patronato Provincial, todo ello, con el fin de reforzar la optimización de la inversión y multiplicar los resultados. De las propuestas del Patronato de Turismo incluidas en el Plan de Acción, destacan la implantación de un punto de información turística de la provincia en el aeropuerto de Faro, o la promoción y comercialización de la marca ‘Golf Huelva de la Luz’ en el mercado alemán.
Un Gobierno con “marcado perfil social”
Fiscal ha hecho especial hincapié en el “marcado perfil social” del Go-bierno andaluz: “No se trata solamente de solucionar la crisis –ha manifesta-do-, sino también de buscar soluciones a los problemas concretos que la crisis está generando en las familias onubenses”. Muestra de este compromiso es el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía, aprobado recientemente, y que en la provincia de Huelva se concretará en una inversión de 5,4 millones de euros para paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. A esta cifra se sumará la cuantía correspondiente a las familias onubenses del Ingreso Mínimo de Solidaridad o Salario Social, que contempla una dotación extraordinaria de 44 millones de euros para el conjunto de Andalucía.
Las familias recibirán recursos para mitigar situaciones extremas, bien a través de los municipios y para la contratación laboral de personas en periodos que pueden oscilar de 15 días a tres meses, que cobrarán 798 euros al mes, y que realizarán trabajos de interés para la comunidad; o bien, a través de las entidades locales, para mantener la ayuda a domicilio, muy recortada por el Gobierno central. Para la primera línea, está prevista una cuantía de 2.469.000 euros y la generación de 74.000 jornales, y para la segunda, 1.886.074 euros.
Con el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria, que se articulará en red, se pretende llegar a las zonas más aisladas y alcanzar una optimización de los recursos. Para ello, se destinarán 247.000 euros al Fondo de Prepara-ción y reparto de alimentos; 30.945 los servicios de comida; 148.938 para preparación y reparto de alimentos a personas menores de edad ZNTS (Zonas con Necesidad de Transformación Social); 124.000, de refuerzo a los comedores escolares, y 25.000, al programa de comedor de Centros de Participación Activa. Además, la cuantía de las ayudas a las familias pasará de los 106.000 euros actuales a 264.930, y los fondos de apoyo a las entidades locales para el programa de solidaridad alimentaria ascenderá a 286.818 euros.
El pasado año, la Junta destinó en Huelva un total de 2.819.000 euros al Programa de Solidaridad de los Andaluces, conocido como Salario Social, cuyo objetivo es garantizar la cobertura básica de las familias en la comunidad autónoma andaluza. Esta inversión ha permitido combatir la pobreza y la exclusión social de 1.313 familias residentes en la provincia onubense.
La Junta cuenta con 1.297 plazas concertadas en 30 centros residencia-les de mayores y otras 284 plazas concertadas en unidades de estancia diurna en Huelva, lo que supone 1.581 plazas en total, unos recursos que están distribuidos en todo el territorio de la provincia, en concreto en 30 municipios onubenses, incluyendo zonas de difícil acceso como la Sierra.
Además, el delegado del Gobierno ha indicado que la Junta ha atendido en el último año, a través de su servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, a un total de 1.861 menores onubenses en situación de riesgo psicosocial, a partir del desarrollo de diversos programas de prevención dirigidos a la población infantil y adolescente que han tenido una inversión de 1.416.000 euros por parte de la Administración autonómica.
“En estos momentos –ha puntualizado- estamos desarrollando el Decreto-ley para asegurar la Función Social de la Vivienda, que tiene como principal objetivo hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado existente en la comunidad, así como la expropiación temporal del uso de las viviendas inmersas en procedimientos de desahucio hipotecario en los casos más graves de emergencia social de las familias”. “Disponemos en nuestra provincia de una oficina de intermediación frente a posibles desahucios, donde se han recibido desde el pasado mes de octubre 293 visitas, que han dado lugar a 149 casos atendidos”, matiza.
Por último, Fiscal ha señalado que “la gran apuesta estratégica de este Gobierno es la educación, que no puede romper la igualdad ni dejar a nadie en el camino. Es necesario un sistema equitativo y para todos, y en ese empeño nos estamos empleando a fondo”.
Más de 120.000 alumnos, incluyendo todos los niveles de enseñanza, desarrollan su etapa formativa con total normalidad. En este punto, “hay que agradecer al profesorado de la educación pública el trabajo que están reali-zando y el compromiso de este colectivo por mantener la calidad de la educación”.
Pese a los recortes del Gobierno central y al contexto económico, la Junta se ha esforzado en preservar los puestos docentes y reducir el impacto de las medidas exigidas por el Ministerio de Educación, entre ellas el aumento del horario lectivo del profesorado. Las medidas adoptadas por la Consejería al no subir la ratio (pese a que la normativa estatal permitía un incremento de hasta el 20%) han logrado mantener muchos puestos de trabajo en Secundaria. Debido a los recortes del Gobierno central y el aumento del horario lectivo se ha producido una disminución de 4.502 profesores en Andalucía –unos 300 en la provincia de Huelva-. El Ejecutivo central, de este modo, permitía prescindir de 8.000 docentes (sumando los 4.502 consecuencia del horario lectivo y los 3.373 que podrían haber salido al aplicar la ratio). En Andalucía, al mantenerse la ratio en 25 alumnos por aula en Educación Primaria; 30, en Secundaria, y 35, en Bachiller, se ha salvado a 4 de cada 10 profesores.
El gobierno andaluz ha priorizado la educación en el gasto público y en las políticas, garantizando el mantenimiento de las medidas de apoyo a las familias andaluzas que menos recursos poseen, incluidas éstas en el Plan de Apertura de Centros (aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares) con sus consecuentes bonificaciones, en la política de Becas (de convocatoria general, 6000, segunda oportunidad y de educación especial) así como el mantenimiento de la gratuidad de libros de textos en la educación obligatoria. 9 de cada 10 familias onubenses reciben algún tipo de bonificación.
Finalmente, ha resaltado el gran esfuerzo realizado por el mantenimiento de la asistencia jurídica gratuita frente a otras comunidades autónomas como Madrid o Valencia que reducen sus partidas y hablan de insostenibilidad del servicio. A pesar de los criterios de austeridad y eficiencia en la gestión de los recursos, Andalucía mantiene la partida correspondiente a la Justicia Gratuita para asegurar el derecho constitucional de acceso a este servicio público de los ciudadanos con menos recursos para litigar. Según Fiscal, “se trata de un compromiso irrenunciable para superar la crisis sin provocar desigualdades y sin dejar a nadie atrás”.
